Los bares, restaurantes, comercios y los establecimientos normalizados situados en la Platja de Palma y en el centro de la ciudad ingresaron el pasado verano 3,3 millones más debido a las actuaciones de la Policía Local en la lucha contra la venta ambulante, el trile, los grupos de carteristas, los robos realizados por las prostitutas y otras conductas delictivas.

El alcalde de Palma, José Hila, acompañado por la concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, y del nuevo jefe de la Policía Local, Josep Palouzié, valoró ayer el dispositivo especial veraniego que se desplegó en la Platja de Palma y en el centro de la ciudad.

Como datos más relevantes destacaron que el verano pasado se incrementaron en un 700% las denuncias relacionadas con el botellón y se triplicaron (en concreto aumentaron un 216%) las actuaciones contra la piratería y las falsificaciones.

Además, señalaron que el trile "prácticamente se ha erradicado de la zona turística", después de una actuación realizada el pasado mes de agosto contra la última colla importante que actuaba en la zona y de la orden de destierro dictada por un juez al principio del verano contra el denominado clan de los Bustamante.

Para valorar el impacto económico de las actuaciones policiales se ha considerado que la relación de artículos decomisados a raíz de intervenciones directas contra la venta ambulante ha sido de 732.000 euros. En este apartado se incluye el decomiso de 21.180 relojes con un valor aproximado de 423.600 euros, además de 3.551 bolsos valorados en 71.000 euros y 25.33 gafas cuantificadas en 75.990 euros, entre otros objetos.

Las operaciones de vigilancia aduanera realizadas han supuesto la intervención de 35.000 bolsos y carteras con un valor aproximado de 700.000 euros. La suma de las anteriores cantidades da un total de 1.432.080 euros.

Si a la anterior cifra se suman los 588.000 euros de repercusión negativa que podría haber tenido el trile sobre la economía de la zona, los 240.000 euros decomisados a los grupos de carteristas, los 900.000 requisados a las prostitutas que se dedican a robar a sus clientes y los 151.800 euros conseguidos por impedir la venta de alcohol después de las 12 de la noche, más otras cantidades más modestas relacionadas con el botellón o el alcohol decomisado por la Unidad Nocturna, dan los 3,3 millones que puede haber revertido en la economía normalizada, según los cálculos del equipo de gobierno.

Por lo que respecta a la venta ambulante, los agentes del dispositivo veraniego realizaron un total de 3.490 intervenciones directas, lo que supone 780 más que en el mismo período de 2015.

Un total de 2.562 de las anteriores son actuaciones administrativas contra vendedores ambulantes y 746 contra personas que ocupan el espacio público para la prestación de servicios sin permiso, como las masajistas, peluqueras o tatuadores. Del total, 181 intervenciones han tenido consecuencias penales por la venta de artículos contrarios a la legislación de la propiedad industrial o intelectual, por lo que las actuaciones contra la piratería y las falsificaciones se han incrementado en un 216%.

Se han decomisado 106.000 artículos en las intervenciones directas contra la venta ambulante, de los que 11.910 son resultado de las actuaciones de policía judicial contra la piratería y las falsificaciones. Las actuaciones policiales contra la práctica del botellón se incrementaron en un 700% el pasado verano. Concretamente se presentaron un total de 929 denuncias de las que 126 tienen la consideración de muy graves por beber alcohol en la calle en grupos en zonas declaradas de especial intervención. En el mismo período de 2015 las denuncias por infracciones contra el botellón incluidas en la aún en vigor ordenanza Cívica fueron de 131.

Según Angélica Pastor, los datos anteriores demuestran que la ordenanza contra la práctica del botellón de 2012, que se activó nuevamente tras la suspensión de la Cívica aprobada en el pasado mandato, "es más efectiva".