El Ayuntamiento de Palma ha aprobado hoy ejecutar dos sentencias que suponen la pérdida de la condición definitiva de funcionarios de la Policía Local de cuatro agentes, enjuiciados y condenados por agredir a un detenido en el cuartel de San Fernando, lo que quedó grabado en vídeo.
La regidora de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, ha informado hoy en rueda de prensa de esta decisión tomada en la Junta de Gobierno municipal y que ejecuta la sentencia de la Audiencia Provincial de julio de 2015 y la ratificación por parte del Tribunal Supremo el pasado 27 de septiembre.
El Tribunal Supremo desestimó los recursos interpuestos por los tres agentes que fueron considerados culpables y condenados a un año de prisión cada uno por delitos contra la integridad moral en su modalidad pasiva por no intervenir cuando su compañero pateó al detenido mientras estaba maniatado en los calabozos, y redujo la condena al policía que agredió al arrestado a 1 año y 3 meses.
La sentencia imponía inhabilitación para los condenados de los tres a los dos años como policías locales.
Actualmente ninguno de los policías locales afectados desempeñaba su cargo como tal dentro del cuerpo de Palma, ya que uno de ello trabajaba en otro municipio, de donde también ha sido expulsado, otro tenía medidas cautelares, y los dos últimos estaban de baja y apartados del servicio operativo como agentes.
Pastor ha apuntado que esta decisión se ejecutará de forma inmediata, con lo que a partir de mañana estos policías locales dejarán de ser funcionarios de forma definitiva del Ayuntamiento de Palma y de percibir cualquier retribución.
La regidora ha señalado que el consistorio ha decidido ejecutar la sentencia a nivel administrativo, en base a la ley orgánica del empleado público.
Pastor ha resaltado que se ha adoptado esta decisión "muy importante", ya que se ha tratado de un "caso mediático con repercusión nacional", que busca ejemplificar que "estas conductas no se tienen que amparar en una administración pública".
"Seremos contundentes", ha advertido la regidora.
Un vídeo grabado por la cámara de seguridad de los calabozos de la comisaría de la Avenida San Fernando de Palma en el que se podía ver la agresión por parte de un policía local a un detenido en 2011 fue la principal prueba en el juicio a los cuatro policías locales, ahora suspendidos como tales.
