El exconcejal de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Gabriel Vallejo, ha sido puesto libertad con cargos este mediodía después de prestar declaración ante la policía nacional tras ser detenido el pasado lunes en el marco de la investigación de la adjudicación del servicio de regulación de aparcamientos ORA de Palma en la pasada legislatura. El viernes ha sido citado para declarar juez. A la salida no ha querido declaraciones pero manifestado que experiencia muy dura y que se encontraba bien.
Vallejo fue detenido el pasado lunes, así como la exconcejala de Función Pública e Interior Irene San Gil y otras 11 personas, entre ellas varios funcionarios del Ayuntamiento, y ha sido puesto libertad este mediodía, han informado fuentes próximas a la investigación.
Por otra parte, San Gil, que quedó en libertad el lunes tras prestar declaración en la Jefatura Superior de Policía de Baleares, ha puesto hoy su cargo a disposición del PP de Palma, ha informado el partido. La exconcejala es vocal del comité de derechos y garantías del PP balear. La exregidora ha asegurado que si se le mantiene la imputación, renunciará a su cargo.
El lunes pasado, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional detuvo a 13 personas en el marco de esta investigación, entre ellos Vallejo, San Gil y al menos ocho funcionarios de las áreas de Movilidad, Contratación, Intervención y Servicios Jurídicos de Cort, así como uno de los responsables de la UTE adjudicataria de la ORA en 2013.
Se investiga la licitación y adjudicación del servicio de la (Ordenanza Reguladora de Aparcamientos) del Ayuntamiento de Palma en 2013, que fue adjudicado a la unión temporal de empresas que presentó la oferta más cara.
Este caso que instruye el Juzgado de Instrucción Número 12 de Palma está bajo secreto de sumario y constituye una pieza separada de la instrucción del caso de presunta corrupción en la Policía Local.
En los calabozos se mantienes dos funcionarios de los departamentos de Movilidad y Contratación. También sigue y el empresario de la empresa Roig, una de las integrantes de la UTE que tiene adjudicado el servicio de la hora junto con Dornier y Api.
Dos de las funcionarias prestaron ayer declaración ante el juez instructor, Manuel Penalva, que archivó la causa para ellas, que pasaron a tener la consideración de testigos en la causa.
