Ni los robos en los comercios de los alrededores, ni el intento de suicidio de una menor, ni las peleas entre okupas, ni el conato de incendio del pasado sábado. Nada de esto ha servido para que las instituciones públicas tomen cartas en el desalojo de la antigua residencia de la tercera edad de la calle del General Riera.
La decisión de vaciar el inmueble y expulsar a los delincuentes está en manos del juez, después de que la empresa propietaria del edificio (el banco BMN) lo solicitara en los tribunales en julio. Hace tres meses se presentó una querella por la okupación del edificio que hasta hace pocos días no ha tenido respuesta. El juzgado ha ordenado al Cuerpo Nacional de Policía a que identifique a todos los okupas. Todavía queda saber cuándo se realizará el desalojo del inmueble, una decisión que está en manos de la Justicia.
Al menos desde mayo un grupo de okupas ha tomado el edificio, que está abandonado aproximadamente desde 2010, cuando la caja de ahorros Sa Nostra cerró la residencia y trasladó a otros centros al centenar de personas que estaban a su cargo.
La residencia de la entidad bancaria se inauguró en 1974. Con más de 200 plazas en su interior, presumía de ser uno de los mejores geriátricos de la isla. En cambio, ahora ha acabado como un foco de delincuencia molesto para los vecinos.
A todas horas hay un trajín de gente por el edificio. El acceso de los okupas al interior se hace por un hueco en la valla metálica que rodea al jardín, en la calle de Can Domenge.
Los vecinos de esta calle son los principales perjudicados por el ruido y las molestias que generan los residentes ilegales de la residencia, hasta el punto que ya han comenzado a recoger firmas para pedir el desalojo del edificio.
Okupas y drogadictos son los principales habitantes de la antigua residencia de la tercera edad. La Policía Local ha realizado al menos tres intervenciones en los últimos meses en el edificio. La más antigua es de mediados de mayo. Los agentes acudieron al edificio a mediar en una pelea entre dos okupas porque uno había puesto el candado en una habitación pero otro le rompió la cerradura porque le gustaba más esa estancia.
Ya entonces los policías realizaron un informe en el que indicaban que los okupas se colaban por un agujero en la valla. Sin embargo, nada más pudieron hacer. La Policía Local argumenta que la decisión de desalojar la debe tomar el propietario (el banco BMN) y pedirlo ante el juez, lo que no llegó hasta julio.
Con los meses ha ido creciendo la cifra de okupas, aunque no existe ninguna estimación de cuántos podría haber en su interior. En junio, tras ser avisados por el vecindario, los agentes tuvieron que mediar en unas amenazas de muerte entre dos okupas. Y en otra ocasión tuvieron que entrar al edificio para recuperar los objetos robados de un coche.
La Policía Nacional también ha intervenido en al menos una ocasión: cuando, a principios de octubre, una menor de 17 años se intentó suicidar desde la azotea del edificio. Los vecinos aseguran que la presencia de menores en el interior es habitual. Una residente en la zona, Immaculada Villalonga, asegura también que el edificio funcionaría como punto de venta de drogas y lugar de prostitución.
La Policía Local asegura que en el interior del edificio no hay ni luz ni agua. No obstante, los vecinos afirman que por las noches algunas de las habitaciones se ven encendidas.
Fuentes del banco explican que siempre que han tenido constancia de que hay okupas en la antigua residencia han solicitado su desalojo por vía judicial. Desde que cerró el geriátrico, es al menos la tercera ocasión en que han entrado ilegalmente en el edificio.
