El grupo municipal del PP ha propuesto la adopción de una serie de medidas tendentes a la reducción de la presión fiscal para el próximo año a los ciudadanos y empresas de Palma. La portavoz de este partido en Cort, Margalida Durán, defendió ayer que "en un momento de recuperación económica como en el que nos encontramos, cuando el Ayuntamiento cuenta con más ingresos, es el momento de devolver el esfuerzo que realizaron los ciudadanos en los momentos más difíciles de la crisis".

Durán explicó que van a llevar al próximo pleno municipal una proposición de rebaja del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las empresas que favorezcan la contratación indefinida. En estos momentos están sujetos al pago de estos impuestos las compañías cuya facturación supera el millón de euros. Asimismo, la portavoz conservadora manifestó que el PP defenderá también la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a particulares que cedan solares sin construir como estacionamiento municipal y a las pequeñas y medianas empresas que desarrollen planes de modernización fomentando también el empleo estable.

La portavoz popular pidió al equipo de gobierno "que deje de decir una cosa y hacer la contraria", y recordó al alcalde que "en el acuerdo de gobierno de los tres partidos integrantes del pacto se recogía una bajada del IAE a las empresas que generaran empleo indefinido".

Por ello se preguntó si piensan ponerlo en práctica "o quedará todo en falsas promesas y papel mojado como tantos acuerdos de pleno que después de aprobarse por unanimidad quedan en el olvido". El concejal conservador Josep Ignasi Aguiló explicó que las bonificaciones del IBI parten de la idea de que "la mejora del pequeño comercio y del comercio tradicional incrementa el atractivo de nuestra ciudad, tanto para los visitantes como para los propios palmesanos, un valor que a su vez es un potente generador de actividad económica".

También solicitarán que se estudie la aplicación de bonificaciones al Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) para la rehabilitación de viviendas y los proyectos que impulsen la Smart City.

Por su parte, el concejal Guillermo Sánchez, anunció su oposición a la subida del IBI diferencial en un 4,5%, puesto que no solo afectará a las grandes superficies, sino que también se aplicará el incremento a los estacionamientos, hoteles, establecimientos sanitarios, de ocio, administrativos, o religiosos que no se dedican al culto, entre otros. Al respecto, afirmó que un comercio cuyo valor catastral supere los 241.000 euros deberá pagar este aumento.

Tampoco están de acuerdo con la supresión del descuento de las tarifas del IME del 90% a las familias numerosas y monoparentales, aunque aceptarían una modulación de la subvención tal como se propone si se tiene en cuenta el número de hijos. Asimismo, rechazó la retirada de lo que denomino copago para el servicio municipal de ayuda a domicilio.