Despertarse con balonazos como si estuvieran jugando en el salón de casa. Desayunar con el silbato del profesor de Educación Física. Gritos y niños corriendo a la hora de comer. De la siesta, ni hablar. Para la cena coreografías de patinaje a todo volumen. Y los fines de semana partidos de fútbol.
Esa es la rutina que sufren los vecinos de la pista polideportiva Can Baró. Siete días a la semana. Y así desde el año 2009, cuando se construyeron las instalaciones donde antes había una explanada y un torrente. Del silencio se pasó a una pesadilla para los residentes. El ruido se cuela todavía hoy al interior de las casas como si no hubiera paredes de por medio.
Una pareja, Irene Cañadas y Juan Zurita, decidió no quedarse de brazos cruzados y emprendió una lucha contra el Ayuntamiento de Palma para reclamar su derecho a tener silencio en su propia casa.
La administración les ignoró durante años y tuvieron que recurrir a los tribunales para demostrar que tenían razón. La sentencia llegó en mayo y fue clarísima: el Ayuntamiento de Palma tiene que cerrar la pista hasta que la insonorice para que no se sigan produciendo los excesos de ruidos. Cort también está obligado a quitar las porterías para desincentivar que los vándalos salten al interior del recinto.
Cinco meses después, el consistorio palmesano no ha cumplido con el mandato judicial y los denunciantes siguen desesperados para conseguir que se ejecute la sentencia que obliga a clausurar las instalaciones del Institut Municipal de l'Esport (IME), un organismo público que depende del Ayuntamiento de Palma.
"Nos sentimos pisoteados por el sistema, porque no ha habido forma de parar una invasión en nuestra propia casa", explica Cañadas. "Es una sensación de impotencia, de desesperación. Te sientes maltratado", agrega Zurita.
En 2009, cuando se les acabó el silencio, su primera reacción para paliar el ruido fue hablar con los profesores y monitores de los niños -en Can Baró entrena un club de patinaje y hacen clases tres colegios privados-. Les pidieron que bajaran el volumen de la música y que hablaran con los alumnos para evitar que gritaran. Pero no les hicieron caso.
"Luego nuestra postura fue pedir ayuda al IME, pero nos despachaban con palmaditas en la espalda y nos decían -muy amablemente, eso sí- que no podían hacer nada por nosotros", cuenta Cañadas.
Hicieron obras en su casa para paliar el impacto acústico. Reforzaron todas las ventanas y la puerta principal de la vivienda, pero ni con esas se libraron de la tortura diaria de sufrir más decibelios de la cuenta.
En 2011 juntaron 145 firmas de vecinos. Tampoco sirvieron para nada. Ese año el área de Urbanismo de Cort abrió un primer expediente debido a las quejas vecinales, pero se quedó en un cajón. Siguieron protestando y la Patrulla Verde de Policía Local de Palma fue a su casa para hacer mediciones de ruidos. El resultado fue apabullante: superaban con creces los límites marcados por la ley. En 2013 se abrió un segundo expediente a raíz de las sonometrías.
Ambos tienen conocimientos jurídicos, así que se pusieron a investigar sobre la historia de la pista municipal. Hasta que construyeron el recinto, por allí circulaba al aire libre el torrente de Sant Magí. En el proyecto de la cancha, que data de la época de Catalina Cirer y Rodrigo de Santos, se preveía construir dos edificios deportivos cerrados a ambos lados del lecho. Sin embargo, acabaron tapando el torrente y encima construyeron una pista descubierta. Las obras costaron más de 900.000 euros.
Los dos expedientes urbanísticos que abrió el propio Ayuntamiento de Palma se acabaron archivando. Y fue entonces, en 2013, cuando acudieron a los tribunales.
El tripartito les ha ignorado
El anterior equipo de gobierno del PP no hizo caso a sus peticiones. Pero con el cambio de poder en Cort la situación siguió igual. "En junio de 2015 la asociación de vecinos Barri Cívic se reunió con la regidora Antònia Martín [de Som Palma] y le expusimos nuestro caso. Nunca más se supo", explica Zurita.
A finales de 2015 Antoni Noguera y Neus Truyol, ambos de Més, visitaron el barrio. "Les explicamos el problema, nos dijeron que lo mirarían y nunca más se supo", agrega. A mediados de este año, poco después de que el juez les diera la razón, Angélica Pastor (PSOE) visitó la calle de la Fàbrica y aprovecharon para entregarle la sentencia judicial y contarles su situación. "Nos prometió que se iba a ocupar personalmente del caso. Y nunca más se supo", afirma Zurita.
Como última solución, la pareja afirma que recurrirá a la vía penal para que se cierre la pista y obligar a que los políticos actúen: "Si fuera un particular, no habría pasado esto. La propia administración se está tapando sus vergüenzas".
