Un exempleado de una cadena palmesana de bares, cafeterías y restaurantes investigada desde el año pasado por presunta explotación laboral acusa a los propietarios de los locales de pagar numerosos sobornos a miembros de la Patrulla Verde de la Policía Local. Ayer los dos empresarios, los hermamos Juan y Jerónimo S.G. negaron ante el juez Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán los cohechos.

El sumario de la llamada mafia laboral, una trama empresarial desmantelada a finales del año pasado y donde se investigan un rosario de delitos contra los derechos de los trabajadores, tributarios y de salud pública, y de la supuesta corrupción en la Policía Local se han cruzado.

El juzgado de instrucción 1, que investiga a los hermanos S. y otras personas allegadas a los mismos, por maltratar laboralmente a sus empleados y sanitariamente a sus clientes y manejar fortunas en dinero negro, remitió a instrucción 12 varios testimonios sobre sus relaciones con la PatrullaVerde, la unidad encargada de velar por, entre otros extremos, el cumplimiento de las ordenanzas de ruido y terrazas.

Según antiguos trabajadores, agentes de paisano de la Patrulla Verde frecuentaban los locales y tomaban consumiciones gratis con los dueños. Otro testigo aseguró que los policías de la Patrulla Verde acudían con frecuencia a las oficinas centrales del grupo en la calle Colom para cobrar sobornos. Iban tantas veces a esta sede central que el testigo, al principio, llegó a pensar que eran proveedores que recibían el dinero por sus productos.

Los empresarios, que pasaron unos meses en prisión preventiva por el caso de la mafia laboral y que están defendidos por Fernando Mateas y Gaspar Oliver, negaron ante el juez Penalva los cargos.

Interrogatorio tenso

El interrogatorio de los dos imputados dio pie a algunos momentos de tensión entre éstos y el fiscal Miguel Ángel Subirán, al que no convencieron sus excusas.

Según los dos hermanos, la Patrulla Verde, lejos de darles un trato de favor, les hizo muchas inspecciones. Ambos declarantes resaltaron que, por motivos personales (Jeroni S. es la actual pareja de la exmujer de Gabriel Torres, antiguo jefe de la unidad especializada en ruidos y terrazas e imputado en el sumario), las relaciones con la Patrulla Verde no eran las más excelentes.

Trabajadores del grupo investigado por desmanes laborales revelaron que los dueños y encargados recibían soplos para avisarles de las inspecciones. Los dos imputados fueron interrogados sobre estos chivatazos y negaron que agentes de la Policía Local les alertasen de sus visitas.

Uno de los imputados manifestó que en un radio de 600 metros poseían numerosos locales y cuando había alguna inspección se avisaba por teléfono a la central y ésta pasaba la novedad a todos los locales.

Los hermanos negaron haber invitado en sus negocios a miembros de la Patrulla Verde.

Por otro lado, el juez Manuel Penalva podría decidir en unos días si cita, en calidad de imputado, al edil y diputado autonómico del PP Álvaro Gijón.

El pasado viernes el fiscal Subirán reclamó la imputación de Gijón al hilo de una afirmación del expresidente del PP de Palma José María Rodríguez, quien apuntó al edil como la persona que en 2006 impulsó en la Policía Local la creación de los GAP (Grupo de Actuación Preventiva).

Fiscal y juez sospechan que Rodríguez y Gijón maniobraron para nutrir a una sección de los GAP de policías afines al PP, muchos de ellos interinos procedentes de Manacor. La idea de los dos políticos era, según los investigadores, manejar a su antojo los GAP.