El juez Penalva y el fiscal Subirán han abierto una nueva línea de investigación al existir fundadas sospechas de que varios de los policías locales investigados por corrupción se han enriquecido con los cursos de formación de funcionarios. Además, los profesores que daban estos cursos, que teóricamente debían servir para mejorar los conocimientos de los alumnos, son policías, elegidos a dedo, y que están imputados por corrupción.

Toda esta nueva investigación se focaliza en la figura de un policía, Jaime Garau, ex representante del sindicato CSIF, que decidió expulsarle de la formación tras ser imputado en la causa que se instruye en el juzgado de instrucción número 12 de Palma. Debido precisamente a su relación con el sindicato, una de las tareas que tenía este policía era la coordinación y organización de estos cursos de formación que se financiaban con fondos públicos. Son proyectos que tienen como principal objetivo la formación de los funcionarios de Palma, que además de financiar con dinero público el trabajo del profesor, también se paga el material y el aula donde se celebra el curso.

Como coordinador también era el responsable de elegir al profesorado. Se ha demostrado que todos los profesores también están, o han estado, afiliados al sindicato, pero lo más grave es que son funcionarios, la mayoría de ellos, que están implicados en prácticas corruptas, como extorsión de empresarios, amenazas o tráfico de drogas. Varios de estos profesores, incluso, han estado en prisión.

Los investigadores cuentan con un solvente testigo que ha asegurado que Jaime Garau, que ha llegado a ingresar dos veces en prisión por amenazas a testigos de la causa, además de coordinar los cursos y elegir a los profesores, también se encargaba de cobrar la financiación. Entre otras cosas, también se está investigando si estos ingresos se declaraban en Hacienda, ya que de momento no consta esta información.

Entre los profesores que habitualmente elegía el sindicato figuran de momento seis imputados. Se trata, además del delegado sindical, de Daniel F., Antonio G., Sebastián M., Juan Carlos O. o Jerónimo U. Uno de estos policías que actuaban de profesores, facilitando conocimientos a sus compañeros, está investigado por supuestamente haber copiado en los exámenes para la oposición a oficial. Además, El Ico, uno de los testigos del caso, le ha identificado como uno de los policías que le exigía dinero para evitar inspecciones en su bar.

Otro de los policías que aparece en la lista de profesores fue investigado por supuestas amenazas a los dos fiscales anticorrupción, ya que estaba en el vehículo policial, que se aparcó frente a la rampa del juzgado, sin ningún servicio que lo justificara, la noche que se tomó declaración a varios de los policías implicados en la trama.

Los conocimientos que impartían estos policías investigados versaban, por ejemplo, sobre técnicas de tiro en una actuación policial, técnicas de control y parada de vehículos, tiro policial con armas larga, conducción policial o progresión de inmuebles.

Los investigadores sospechan que estos policías utilizaban el sindicato CSIF como plataforma de proyección. Muchos de ellos también están directamente relacionados con el PP, ya que incluso presumían de que tenían protección política.