El proceso de adjudicación del Palacio de Congresos se vuelve a poner en marcha. La sociedad pública reanuda la tramitación para licitar la infraestructura en noviembre tras el nuevo parón sufrido hace dos semanas con la suspensión cautelar solicitada por la empresa hotelera Hotusa. Los tribunales han levantado la citada medida provisional y han criticado que la compañía -que se presentó al concurso público y fue excluida por incumplir el "deber de secreto de la oferta"- presentase su documentación en un USB "sin ningún tipo de protección".

El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 emitió un auto el pasado viernes, que el Ayuntamiento comunicó ayer, en el que desestima "la solicitud de medida cautelar presentada [...] por Hoteles Turísticos Unidos S.A. (Hotusa)" y le obliga a pagar las costas del recurso.

La demandante tiene 15 días para interponer un recurso de apelación, aunque los servicios jurídicos de Cort consideran que "se puede seguir adelante con la tramitación" pese a que Hotusa continúe intentando optar a la gestión del recinto situado en la fachada marítima de Llevant. Además, el auto de la juez de lo contencioso número 1 de Palma, Núria Ramos, "es muy claro y contundente", en palabras del coordinador del área de Turismo, Comercio y Trabajo, Francisco Ducrós, por lo que "la mesa de contratación tendrá la próxima reunión en septiembre para abrir el sobre B", con la oferta técnica de las dos aspirantes que todavía quedan en la liza, las compañías hoteleras Meliá y Barceló, como recordó el político.

Cuando los funcionarios hayan analizado y puntuado la profusa documentación referente al plan económico y financiero -con la inversión inicial prevista- y el de negocio y marketing, así como la previsión de ventas, la cuenta de explotación y el programa de mantenimiento y conservación del recinto congresual; será el momento de abrir el importante sobre C, que contiene la oferta económica, donde como mínimo los participantes deben ofrecer un alquiler anual de 1.585.000 euros más una renta variable de un 5% del importe neto de la cifra anual de negocio.

"Ni razonable ni lógico"

Esta información fue facilitada por la aspirante Hotusa sin seguir el procedimiento legal, debido a que la presentó dentro de un USB "sin ningún tipo de protección y fuera de los sobres", lo que "ha permitido acceder al contenido" de los citados sobres (A, B y C) "con anterioridad al acta formal de apertura de las ofertas y con la imposibilidad, si se admitiese la proposición de la recurrente, de continuar el proceso con la objetividad que exige la Ley", tal como explica la juez.

En el auto indica que el pliego del concurso público establece en la cláusula número diez "que la documentación se presente en sobres separados y cerrados", como enfatiza, y prevé que este incumplimiento "sea motivo de exclusión del licitador". Por lo tanto, la juez Ramos afirma que "no parece razonable ni lógica la argumentación de la recurrente", quien se basa en que "ninguna cláusula del pliego exige que la documentación en formato digital se deba introducir en un sobre cerrado, por lo que no se puede excluir a Hotusa del proceso de adjudicación por haber presentado el citado pendrive fuera de los sobres, con la posibilidad de acceder a la información que contenía".

Sin embargo, la magistrada señala que "resultaría absurdo y perdería la finalidad que persigue esta previsión [los tres sobres] que la documentación en formato digital se presentase sin seguir las mismas formalidades que para la presentación de las proposiciones en papel". Como remarcó ayer el coordinador de Turismo de Cort, la información "ni siquiera fue encriptada, por lo que no podía ser admitida de ningún modo, debido a que se vulneraría el proceso y las otras aspirantes hubiesen recurrido de inmediato".