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Corrupción en la Policía Local

La Policía investiga las bajas médicas reconocidas a dos agentes de la trama corrupta

A petición del fiscal, se pidió al Ayuntamiento de Palma los expedientes para comprobar si los certificados fueron entregados fuera de plazo

Jaime G. ha ingresados dos veces en prisión por amenazas.

Agentes del Grupo de Blanqueo de Dinero de la Policía, a petición del fiscal Subirán, acudieron ayer a las oficinas municipales para pedir los expedientes sobre la aceptación de la baja médica, presentada fuera de plazo, a dos agentes implicados en la trama corrupta. La Policía quiere aclarar las razones por las que el Ayuntamiento de Palma ha dado validez a estos documentos médicos, cuando incluso un juez respaldó la decisión inicial del Área de Seguridad Ciudadana, que se negó a aceptar estos certificados. Que Cort apruebe la baja de estos policías supone que siguen cobrando su sueldo íntegro, a pesar de que están acusados de prácticas corruptas e incluso uno de ellos ha ingresado dos veces en prisión por amenazar a testigos de la trama.

Tres días de plazo

Los funcionarios de Cort solo tienen tres días para presentar una baja por enfermedad. La mayoría de los policías investigados han logrado que un médico les firmara la baja, incluso cuando ya estaban detenidos y algunos en prisión. Uno de los agentes investigados tardó más de tres días en presentar el certificado. Antes de que lo hiciera ya se le había notificado que se le abría un expediente disciplinario por haber sido imputado. Y a continuación se le comunicó que se rechazaba dicha baja, por presentarla fuera de plazo. Este policía, que tendría un papel secundario en la trama, presentó una demanda judicial para que se le aceptara el certificado médico, pero la perdió.

Sin embargo, con otro policía, Jaime G., un exportavoz sindicalista que ingresó dos veces en prisión por amenazas a testigos, no se siguió el mismo criterio. Mientras que el primer agente tardó poco más de tres días en entregar la baja, Jaime G. lo hizo más de un mes después. Pero en este caso el departamento de nóminas de Función Pública del Ayuntamiento, en contra del criterio del área de Seguridad Ciudadana, consideró que se debía aceptar dicho certificado de incapacidad, incluso a pesar de que se había entregado fuera de plazo y, además, un juez había dado la razón a Cort con respecto al otro policía. Precisamente, este agente, para que no tuviera un trato diferente a su compañero, pudo tramitar su baja y cobró los sueldos pendientes. Angélica Pastor, la concejal de Seguridad, consideró que no se podía tramitar la baja porque antes se les había notificado a los policías investigados el expediente de medidas disciplinarias. Sin embargo, al no tener competencias en materia de nóminas, tuvo que aceptar el criterio que impuso Funció Pública. Al aceptar la situación de incapacidad, los expedientes disciplinarios quedaron congelados y los dos policías pasaron a cobrar toda su nómina, con los correspondientes atrasos.

Han sido numerosos los testigos, la mayoría de ellos policías locales de Palma, los que han denunciado que Jaime G. les amenazó al enterarse que habían declarado sobre la trama. También le han denunciado algunos testigos, como es el caso de El Ico, que ha asegurado que el policía le fue a buscar a la salida de la cárcel y le dijo que "tuviera cuidado porque le joderían la vida". Según los investigadores, no fue la única vez que el joven de Son Banya fue amenazado. Siguió sufriendo presiones cuando estaba en la cárcel. Un funcionario de la prisión, se supone que por indicación de Jaime G., le presionó para que firmara una carta manuscrita, que iba a ser enviada al juez, en la que se desdecía de sus acusaciones. El Ico no sabe leer y se negó a firmar.

No se descarta que este policía sindicalista estuviera detrás, presuntamente, de las amenazas que recibió por escrito la concejal Angélica Pastor.

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