El equipo de gobierno de Cort forzó ayer la aprobación de una proposición por la que el pleno "insta al concejal Álvaro Gijón a que asuma las responsabilidades políticas que le correspondan, dimitiendo de su cargo de concejal de forma inmediata, con el fin de no seguir desprestigiando" a la institución municipal".

Tanto el grupo municipal del PP como de Ciudadanos no apoyaron la propuesta al considerar que se está haciendo "un juicio paralelo" al concejal por su presunta implicación en la trama corrupta de la Policía Local de Palma cuando nisiquiera tiene la condición de investigado en el procedimiento judicial.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, se encargó de defender la solicitud de dimisión recordando que Gijón en el anterior mandato era el teniente de alcalde de Turismo y Coordinación Municipal y de su área dependía la concejalía de Seguridad Ciudadana. Insistió en que, tras el levantamiento parcial del sumario sobre la presunta trama policial corrupta por parte del juez, "se evidencia una mala gestión del área" y, al margen de las responsabilidades judiciales que en su momento se puedan pedir a Gijón, "se le debe exigir que asuma su responsabilidad política".

Instó a la portavoz conservadora y nueva presidenta de la gestora del PP palmesano, Margalida Durán, a que demuestre "la regeneración de su partido" y exija al concejal que entregue su acta.

Recordó varios episodios en que se cita al concejal en el sumario policial, incluyendo un apartado en el que el juez pone de manifiesto que tanto Gijón como José María Rodríguez, el ex concejal de Seguridad Ciudadana, Guillen Navarro; el exintendente Antoni Vera y el exdirector general, entre otros, podrían haber incurrido en un posible delito de prevaricación por el trato de favor dispensado a Daniel Montesinos, uno de los agentes implicados presuntamente en la trama.

Asimismo, recordó que un comisario señala a Gijón y a Rodríguez como las personas que daban órdenes directamente a los agentes corruptos y como se relatan varias reuniones en un bar en las que asistieron agentes que luego son promocionados a oficiales en unas oposiciones de ascenso presuntamente amañadas.

Por su parte, Durán insistió en que la situación jurídica de Gijón en estos momentos "es la misma que la de todos nosotros, excepto la del señor Aligi Molina, que ha sido condenado". Consideró que la proposición del equipo de gobierno es "una cortina de humo" para tapar su "nula gestión", ya que "la decisión más relevante que han tomado ha sido la de declarar Palma como ciudad antitaurina". Recordó también que ni el código ético de su partido ni el de ninguna formación e incluso el municipal exige la dimisión de Gijón en este momento de la instrucción judicial. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Luís Bauzá, manifestó que el Ayuntamiento "no puede abrir un proceso paralelo al que se esta instruyendo en estos momentos en el juzgado".