La portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Palma y presidenta de la gestora de esta formación en la ciudad, Margalida Durán, aseguró ayer que pedirá al concejal Álvaro Gijón que deje el acta de concejal "si es imputado" en la presunta trama corrupta de la Policía Local. El código ético del PP establece que un militante debe poner el cargo a disposición del partido cuando es imputado judicialmente y que debe dimitir si se le abre juicio oral.

Mientras tanto, y hasta que no se dé esta situación, calificó de "ridícula" la proposición que los tres grupos que conforman el equipo de gobierno de Cort (PSOE, Més y Som) en el sentido de que el próximo pleno inste a Gijón a "dimitir de su cargo de concejal de forma inmediata con el fin de que no siga desprestigiando al Ayuntamiento".

La propuesta fue defendida en la comisión del pleno de Servicios a la Ciudadanía por la concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, quien insistió en la necesidad de que el concejal conservador asuma sus responsabilidades políticas tanto por lo que se refiere a lo que se conoce del sumario de la presunta trama de corrupción policial, como por el amaño de las oposiciones a oficial.

Pastor recordó que en el anterior mandato la Policía Local estaba bajo la responsabilidad de Álvaro Gijón, en calidad de teniente de alcalde de Turismo y coordinación policial, aunque Seguridad Ciudadana era gestionada por el concejal Guillermo Navarro. Para Pastor, "sin perjuicio de las responsabilidades penales y la presunción de inocencia de cualquier investigado, existe una responsabilidad política, que ni el señor Gijón ni el equipo de gobierno del alcalde Mateo Isern asumieron en su momento".

Recordó que en la parte del sumario que se ha levantado el secreto el nombre de Álvaro Gijón sale en 35 ocasiones, "lo que pone de relieve su implicación en los hechos", pese a que el juez no le ha llamado a declarar en calidad de investigado.

Precisamente por no haber sido citado como investigado por el juzgado de instrucción 12, Durán manifestó que "el señor Gijón tiene en estos momentos la misma consideración jurídica que el alcalde o que cualquier concejal". Además, recordó que ha solicitado en dos ocasiones al juez declarar voluntariamente e insistió en que "no se puede condenar a una persona por las declaraciones de unos testigos". Asimismo, indicó que la dimisión de Gijón y de Sandra Fernández como secretario general y de organización del PP palmesano, respectivamente, solo se produjo porque lo hizo el presidente de la Junta Territorial, José María Rodríguez, quien les había nombrado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Lluís Bauzá, apoyó la postura del grupo municipal conservador. A su juicio, "solicitar la dimisión de Gijón como concejal significaría en estos momentos someterle a un juicio paralelo sin que ni siquiera haya sido llamado por el juez para declarar en calidad de investigado". Por ello abogó por "respetar la acción de la justicia".

En relación a las dimisiones de Gijón y Fernández de sus cargos orgánicos Bauzá no quiso entrar, aunque finalmente insistió en que "nos podríamos ahorrar el trance de llevar esta proposición a pleno".