"Ejercer la venta ambulante o el 'top manta' sin autorización es una infracción administrativa, no un delito, por lo que podemos decomisarles el género, pero no enviarles a prisión. Si se dedican a vender productos falsificados, es un delito contra la propiedad intelectual o industrial, por lo que las marcas pueden llevarles a juicio", especifica el inspector responsable de la Policía Local en la Platja de Palma, Miquel Quetglas, quien recuerda que las competencias del Cuerpo en este sentido son limitadas.

A quienes piden una solución a corto plazo, como la patronal del pequeño comercio, responde que "no es fácil porque la ley es la que es y entran en juego otros muchos factores. La situación de los vendedores es un puzle social, por lo que si no encuentran un trabajo o están 'sin papeles', deben buscarse la vida de otro modo para subsistir. O se dedican a la venta irregular o pueden acabar delinquiendo, ya que no tienen paro ni ninguna cobertura social", reflexiona el policía.

Respecto a la propuesta de buscar los almacenes que les surten de material, el inspector recuerda que "alquilar un local para poner un almacén o vender al por mayor es legal si se cumple la normativa. Cuando los objetos son lícitos y están homologados, no hay nada que hacer, pueden vender a quienes quieran", tal como argumenta Quetglas.

El Ayuntamiento calcula que durante esta temporada turística hay entre 80 y 100 vendedores irregulares en la ciudad y entre 150 y 180 en la Platja de Palma, una cifra que ha aumentado por el "efecto llamada" provocado por las noticias de que Mallorca está teniendo la temporada alta con mayor afluencia turística de su historia, según recuerda el máximo responsable policial de la Platja de Palma.