La supuesta implicación de José María Rodríguez en la trama corrupta ya es oficial. El juez ha citado a declarar el exlíder del Partido Popular (PP) en Palma para el próximo 22 de agosto en calidad de investigado por varios delitos. El propio Rodríguez acudió ayer al juzgado para recoger en persona la notificación, que culmina las acusaciones recabadas contra él desde el inicio de la investigación hace casi tres años. Las pesquisas sitúan al histórico dirigente conservador en lo más alto de la extensa red corrupta red corrupta que a cambio de sobornos y servicios gratuitos de prostitución habría ofrecido un trato preferente a poderosos grupos empresariales, como Pabisa y Cursach, y extorsionado y perseguido a sus competidores.

A la de Rodríguez podrían seguirle en los próximos días las imputaciones de personas de su círculo político más cercano. En la causa figuran numerosas declaraciones de testigos que apuntan a Álvaro Gijón y, en una escala inferior, a antiguos cargos y funcionarios del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento como integrantes del entramado.

El magistrado del juzgado de instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, accedió ayer a la petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán de llamar a declarar a Rodríguez. Por la mañana, el expresidente de la junta territorial del PP de Palma fue requerido para acudir a Vía Alemania y recoger la citación. Lo hizo, sin abogado, a las doce y media del mediodía. A su salida del edificio judicial, donde solo estuvo unos minutos, se limitó a confirmar que había sido llamado a declarar el próximo 22 de agosto.

Ese lunes, Rodríguez deberá enfrentarse a los numerosos frentes que tiene abiertos dentro de la causa. La Policía, la Guardia Civil, el juez y la fiscalía anticorrupción han recogido desde mediados de 2013 una larga lista de indicios sobre su papel protagonista en la trama. El magistrado le considera, de hecho, el "artífice en la sombra" de un "organigrama criminal al servicio de sus turbias maniobras", para "actuar como absoluta impunidad al servicio de determinados políticos" y el PP.

Por un lado, el juez apunta a Rodríguez como el ideólogo de un plan para controlar la Policía Local de Palma y poder utilizarla incluso desde la oposición. Para ello, habría situado a personas de su confianza en la cúpula del cuerpo y grupos como el GAP o la Patrulla Verde, con lo que garantizar el trato de favor a los empresarios afines en zonas como s´Arenal y el Paseo Marítimo. También en el área de Urbanismo de Cort habría colocado a personas "de su cuerda" con el objetivo de controlar las licencias concedidas y las sanciones aplicadas.

Los miembros de la red corrupta habrían recibido a cambio, según apuntan las investigaciones, tanto sobornos como servicios sexuales gratuitos. Varias prostitutas han identificado al propio José María Rodríguez, otros políticos y varios funcionarios y policías como usuarios habituales de los clubes de alterne de los empresarios favorecidos.

Rodríguez está también imputado en el caso Over Marketing, que investiga la supuesta financiación irregular del PP.