El concejal de Seguridad Ciudadana en el pasado mandato, el popular Guillermo Navarro, tramitaba la eliminación de multas de tráfico y otros favores personales a través del correo electrónico oficial del Ayuntamiento de Palma. Los beneficiados eran amigos personales de Navarro u otros militantes o afines al PP. Así se desprende de un informe realizado por el Cuerpo Nacional de Policía, en que analiza el contenido del ordenador que el exregidor conservador tenía en su despacho y que le fue requisado en julio de 2014.
El dossier de los investigadores selecciona una treintena de correos electrónicos que consideran relevantes para la causa judicial. En ellos aparecen cuatro regidores del equipo de gobierno de Mateo Isern, además de otros altos cargos y funcionarios de Cort.
En una de las comunicaciones, el que entonces era director general de Salud Pública y Consumo del Govern balear, Federico Sbert (PP), le remite a Navarro una multa escaneada. El informe de la Policía Nacional explica que el concejal de Seguridad le reenvió el correo al edil de Movilidad, el también popular Gabriel Vallejo, que respondió a Navarro: "Multa anulada. A sus órdenes".
En otro correo, una funcionaria del área de Economía de Cort le pide al concejal "si se puede hacer algo con esta multa" que le habían impuesto a su marido. En total, se recoge media decena de correos en el sumario judicial que versan sobre la retirada de multas, aunque podría haber más. En el informe no se detallan todos los mensajes que el exedil Navarro envío desde su equipo informático.
Aparte de cuestiones de tráfico, Navarro también habría utilizado su influencia como miembro del equipo de gobierno de Cort para solventar problemas laborales de sus allegados.
En una ocasión un trabajador del Institut Municipal d'Innovació (IMI) le envió un correo a Navarro para que mediara entre la multinacional T-Systems (la empresa que Cort contrató a principios de siglo para actualizar la informática municipal) y el IMI. La mujer del empleado público trabajaba en T-Systems y él tenía miedo de que la despidieran, por lo que solicitó a Navarro que impulsara los proyectos de los que ella formaba parte. Aunque Navarro entonces era el regidor encargado de la Policía y los Bomberos, hace una década fue director general de Tecnología de Cort, por lo que tenía vinculación con el IMI. En esa época se realizó el contrato millonario con la multinacional T-Systems.
La exregidora de Participación Ciudadana, Esperanza Crespí (PP), también solicita favores a Navarro y le pide que revise un proyecto para renovar el logotipo del IMI que le había enviado un amigo de Crespí. Este diseñador gráfico realizó cerca de una decena de campañas de imagen para el área de Juventud de Cort, que controlaba Crespí durante el pasado mandato.
También aparece en el informe la exedila de Función Pública, Irene San Gil. En su caso, los correos tratan de los agentes imputados en el sumario y las medidas que tomó Cort en 2013 tras estallar el presunto amaño de oposiciones.
