La trama política, empresarial y policial no solo empleaba técnicas mafiosas (como amenazar a los propietarios de bares o atiborrarlos a inspecciones) para beneficiar a los negocios de dos grandes grupos empresariales. Los investigadores aseguran que también utilizaban maniobras a la vista de todos que también servían a los intereses de los grandes empresarios de la noche palmesana. Un informe de la Policía Nacional afirma que el Ayuntamiento de Palma habría aprobado normas "ad hoc pensadas para aumentar el beneficio de los locales de ciertos grupos empresariales".
Un ejemplo que cita uno de los testigos del sumario judicial es la "norma experimental" -así la califica- que aprobó el PP en el pasado mandato para prohibir el botellón entre los balnearios 5 y 6 de la Platja de Palma, solo en horario de noche y solo la primera línea. En esa zona se sitúan dos de los principales negocios de la zona: el Megapark (del grupo Cursach) y el Oberbayern (del grupo Pabisa). Esa norma antibotellón se aplicó unicamente durante el verano de 2013, ya que al año siguiente fue aprobada la polémica ordenanza cívica.
En opinión de la Policía Nacional, otra de las maniobras que repetían era "la realización mucho más laxa y benévola de las inspecciones a los locales" de los grupos Cursach o Pabisa "o, directamente, la ausencia de estas inspecciones y controles". En cambio, los establecimientos de Gomila, Santa Catalina o la Llotja sufrían duras y reiteradas visitas de la Patrulla Verde o del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), dos de las unidades policiales con más agentes imputados por corrupción. En el paseo marítimo las inspecciones solo las sufrían los bares que podían hacer sombra a las grandes discotecas de la zona. El acoso que sufrían los negocios enemigos les llevaban a traspasarlos o a cerrarlos.
Otra de las piezas claves para la trama era la participación de los funcionarios de Urbanismo. Un testigo protegido, propietario de un local, declaró que existía una coordinación entre agentes de la Policía Local y empleados públicos del Ayuntamiento de Palma para obtener un beneficio económico.
El empresario explicó a la Policía Nacional que, para desprecintar su local, se vio obligado a pagar 130 euros a uno de los agentes imputados, que le hizo llegar el dinero a un funcionario de Cort. A la semana siguiente pudo reabrir el negocio. Otro de los testimonios indica que, en una ocasión, para obtener el permiso de apertura, un policía le dijo: "Si quieres la licencia, hay que dar algo a esta gente del Ayuntamiento". Y conseguir el permiso para tener un café con música en vivo costaba 1.200 euros a través de la trama policial.
Doble nivel de corrupción
Los investigadores creen que, como producto de la sensación de impunidad que tenían los agentes policiales, se acabó generando un doble nivel de corrupción en el Ayuntamiento de Palma.
En la cúspide estarían los políticos y empresarios que daban órdenes a policías locales y funcionarios para "asfixiar económicamente a ciertos establecimientos a base de inspecciones sobreactuadas y sanciones económicas continuas". El beneficio para los empresarios era maximizar sus ingresos y hundir a la competencia, mientras que los políticos habrían obtenido sobornos en forma de dinero y servicios sexuales.
El segundo nivel de corrupción -explica la Policía Nacional- es de los funcionarios de Cort y los policías de base, que se creyeron todopoderosos para actuar a sus anchas a la vista de que los políticos que les daban órdenes también tenían un comportamiento irregular.
De esa forma, comenzaron a extorsionar a empresarios por su cuenta y a espaldas de los políticos (aunque con el presunto conocimiento de varios cargos públicos) para su beneficio personal. Exigían que les contrataran como vigilantes de seguridad, los seguros del local o la realización de trabajos de tapicería ("Te vamos a cerrar el local si no pones la cortina"); que les encargaran la instalación de sistemas de videovigilancia o de aire acondicionado; que pusieran máquinas de cacahuetes o personal de limpieza de su confianza.
Los policías también exigieron sobornos, drogas, copas gratis o prostitutas a los empresarios de la trama. En otros casos, forzaron el cierre de establecimientos de ocio para que se los traspasaran a ellos o a personas afines.
El "impuesto revolucionario"
Los testigos del sumario judicial revelan que los policías locales se burlaban del cobro de comisiones a los empresarios, que ellos mismos calificaban de "impuesto revolucionario".
En algunos casos las sumas eran considerables, como los 5.700 euros que pagó un empresario extorsionado para lograr que le desprecintaran el local. Una empresaria denunció que a ella le exigieron 9.000 euros tras haber encontrado droga en el suelo de su local. Otras veces eran periódicas: de 500 euros al mes o más. Y en ocasiones les pagaban en cocaína y botellas de whisky, según afirma el amigo de un policía que era "consumidor diario".
Las escenas que protagonizaban los agentes policiales en ocasiones eran grotescas. Otro de los testimonios expone que un agente, Gumersindo C. O., solía abusar de los privilegios de policía cuando salía de fiesta. En una ocasión entró a la zona VIP de una discoteca tras mostrar la placa. Una vez dentro, puso encima de la barra la identificación y la pistola y le pidió al camarero una botella de whisky, que el trabajador le sirvió atemorizado.
Una mujer asegura que vivió una situación parecida con el policía Juan V. Cuando iba a algún bar y no quería pagar, decía cosas como "no sé qué tengo en el bolsillo de atrás que me molesta" y sacaba una pistola, que ponía encima de la mesa para amedrentar al personal del negocio.
Estas situaciones aparecen de forma reiterada en los casi 22.000 folios que se han hecho públicos tras levantar el secreto de sumario de la investigación de la Policía Local de Palma y son narradas tanto por las decenas de empresarios que las han sufrido y han declarado ante el juez como por amigos y conocidos de los agentes presuntamente corruptos.
