José María Rodríguez, presidente del PP de Palma, habría utilizado los servicios de los policías implicados en la trama corrupta, para investigar y hacer seguimientos a otros políticos, seguramente rivales de otros partidos. Esta revelación la detalla un testigo, interrogado por el juez Penalva juez Penalva y por los fiscales Anticorrupción, que ha solicitado protección por temor a sufrir represalias, que podrían ser ordenadas por el dirigente del PP, ya que se sospecha que tendría "contacto con mafias chinas".

Este testigo, que no parece tener ningún interés personal contra Rodríguez, aporta detalles al escándalo de corrupción que no se conocían. Los investigadores dan toda la credibilidad a sus palabras, aunque no aporte pruebas contundentes.

Esta persona mantiene que el exdelegado del Gobierno en Balears habría creado una estructura policial paralela que habría utilizado para controlar a un determinado grupo de empresarios de Mallorca. El mensaje que recibían era claro: o se sometían a sus deseos, o les enviaba a sus policías. Si optaban por esto último, sus negocios eran insistentemente inspeccionados. La Patrulla Verde de la Policía Local de Palma visitaba periódicamente y sin motivo justificado los negocios de estos empresarios. Las inspecciones siempre terminaban, aunque no hubiera motivo, con boletines de denuncia y con sus correspondientes sanciones económicas. Los investigadores concluyen que era más económico pagar el dinero que se les exigía, que abonar las sanciones que recibían con posterioridad.

Pero Rodríguez, según este revelador testimonio, no solo controlaba al grupo de policías. Tenía contactos de máximo nivel en el departamento municipal que se encarga del control administrativo de los negocios. Estos empresarios, a la par que recibían las inspecciones de la Policía Local, eran extorsionados a través del departamento de actividades, que tenía la potestad de denegar las licencias oportunas, lo que suponía la inviabilidad del negocio.

Otro detalle destacado que revela este testigo protegido es que Rodríguez, además de disponer a su servicio de varios policías locales, también utilizaba a un conocido detective de Palma. La tarea que le encomendaba era siempre la misma: hacer seguimientos de políticos y de otros policías que no estaban en la órbita de su partido. Afirmó que también el dirigente del PP de Palma utilizaba a este detective privado para realizar pinchazos telefónicos, lógicamente sin control judicial, y por tanto ilegales. Así lograba información que después podía utilizar. Cuando fue delegado del Gobierno, cargo que tuvo que abandonar al estar implicado en un caso de corrupción, Rodríguez dejó de lado los servicios de la Policía Local y utilizó a la Guardia Civil, que estaba jerárquicamente bajo sus órdenes. De hecho, este cuerpo de seguridad llegó a denunciar públicamente las presiones que estaba recibiendo de Rodríguez, porque le estaban investigando en una trama de corrupción. Los investigadores llegaron a solicitar al juez Castro que les apartara del caso, excusándose en un exceso de trabajo y en la falta de efectivos. Sin embargo, tras la oposición del fiscal, el juez ordenó a la Guardia Civil que siguiera investigando. El delegado dimitió días después.

Servicio de protección

El juez cree que la intención del grupo corrupto, liderado por Rodríguez, era colocar a uno de sus hombres de confianza en la unidad policial que se encarga de la protección de personalidades, entre ellas el alcalde. A uno de los agentes de esta unidad, que no era del círculo controlado por estos agentes corruptos, en el cuartel le mostraron una fotografía de su presencia en una manifestación contra el TIL. Se la enseñó, precisamente, un policía sindicalista, Jaime G., que llegó a ingresar en prisión. El agente coaccionado explicó que este policía sindicalista, también relacionado con Rodríguez, quería entrar en la unidad de escoltas para controlar más de cerca al alcalde Mateo Isern. No descarta que no repitiera como candidato por este motivo.