La defensa de tres agentes de la Policía Local de Palma, que en la actualidad se encuentran en prisión por su presunta vinculación con la trama de corrupción urdida en el seno del cuerpo policial con la connivencia de altos cargos políticos para extorsionar a empresarios turísticos, han solicitado un plazo de dos meses hábiles -un mes más que el concedido por el juez- para estudiar el sumario y proponer diligencias de investigación.
Del mismo modo, mediante un escrito, el letrado de los policías solicita que sus patrocinados, que se encuentran en prisión preventiva por estos hechos desde octubre de 2015, sean puestos en libertad provisional.
"Entendemos que una de las razones fundamentales para mantener la situación de prisión provisional ha venido siendo hasta ahora el riesgo de alteración, manipulación o alteración de pruebas", señala el abogado Gaspar Oliver, quien afirma que "el largo tiempo en el que ha pesado el secreto sobre las actuaciones ha conjurado dicho riesgo y, por tanto, si se ha levantado el secreto es debido a que se considera que ese ya no es un factor relevante habida cuenta la instrucción ya realizada".
La defensa pide así que los agentes sean excarcelados con las medidas cautelares que se consideren oportunas: presentaciones periódicas ante el Juzgado, fianza proporciona (que propone en una cuantía de 3.000 euros), retención de pasaporte, prohibición de abandonar el país o eventuales órdenes de alejamiento.
Mientras tanto, el penalista el periodo de un mes que el instructor de las pesquisas ha otorgado a las partes para que puedan solicitar la práctica de nuevas pruebas, después de que la pasada semana el magistrado levantara parcialmente el secreto que pesaba sobre la causa desde hacía veinte meses.
El abogado considera "insuficiente" el plazo del que disponen las defensas teniendo en cuenta que el caso consta de 56 tomos que contienen un total de 24.688 folios.
DERECHO A PEDIR PRUEBAS NO SUJETO A PLAZO ALGUNO"
Así, pide que el derecho concedido a proponer diligencias de investigación no sea sujeto a plazo alguno o, en su caso, se fije el plazo de dos meses hábiles.
El abogado señala que "no sólo se requiere realizar una lectura de todo lo actuado", sino que, además, se debe estudiar la posibilidad de solicitar las diligencias "que sean adecuadas al correcto ejercicio de la defensa".
"En este punto conviene recordar que se han practicado durante dos años todo tipo de diligencias de investigación a las cuales no ha tenido acceso esta parte", recalca el letrado, quien asevera además que "para el correcto ejercicio de esa defensa se precisa analizar lo instruido junto con nuestros defendidos, que en la actualidad se encuentran en centros penitenciarios de la península en situación de prisión provisional, lo que dificulta esa comunicación".
IMPUTACIONES "SUMAMENTE GRAVES"
Asimismo, hace hincapié en que se trata de un procedimiento "de gran complejidad en el que se formulan imputaciones sumamente graves" y, "aunque lo deseable en un procedimiento penal es la celeridad, este factor debe conjugarse con el correcto ejercicio del derecho a la defensa".
Los investigadores apuntan a una trama de corrupción policial en la que han aflorado "muy serios indicios no sólo de la comisión de multitud de delitos, sino también del uso frecuente de la coacción, la amenaza y la intimidación por parte de numerosos agentes de la Policía Local, algunos ya imputados o condenados por la comisión de graves delitos cometidos incluso en el seno de peligrosas organizaciones criminales", llega a señalar el juez.
El instructor llega a calificar los hechos de prácticas "pseudomafiosas" llevadas a cabo por una "organización criminal" cuyos miembros son "auténticos maestros del engaño, la manipulación, la mentira, la ocultación y la alteración de pruebas".
