El pasado mes de febrero el entonces jefe de la Policía Local de Palma, el comisario Antoni Morey Jover, estalló. Y lo hizo, no para denunciar las prácticas ilegales que estaban desarrollando algunos de los hombres bajo sus órdenes, sino para defender a los policías corruptos y, al mismo tiempo, arremeter contra el juez. Llegó a decir que la consideración hacia el juzgado de instrucción número 12 se "la traía floja".
Pero además de esta desconsideración contra el juez, Morey salió en defensa del oficial de la Patrulla Verde que era en realidad quien dirigía las actividades de esta unidad. Se trataba de Gabriel T., quien descubrió desde prisión como su jefe salía en su defensa, sin conocer las pruebas que había contra él, puesto que la investigación se encontraba bajo secreto. "Eres un valiente, un ejemplo a seguir. Gabriel, sé que es duro, que muchos te han abandonado, pero no desesperes, la Justicia es lenta pero inexorable", señalaba el entonces máximo responsable de la Policía Local.
Pues esta calificación de "ejemplo a seguir" no encaja con la docena de declaraciones de testigos que han detallado al juez que el oficial de la Patrulla Verde también participaba en el cobro de "mordidas" a empresarios nocturnos, que veían como si se negaban a pagar este dinero, la Policía Local de Palma los sometía a constantes inspecciones, que siempre terminaban con sanción económica o propuesta de cierres.
Hay testigos, que el juez interpreta que han contado la verdad, que han afirmado que tuvieron que pagarle al oficial que dirigía la Patrulla Verde para que les facilitara la obtención de licencias municipales para poder desarrollar su actividad. El oficial, que en realidad era quien dirigía todas las actividades de la Patrulla Verde aunque no fuera el máximo responsable, era quien determinaba qué locales debían ser inspeccionados y qué negocios no. Y los investigadores mantienen que el criterio que se seguía es el del dinero, es decir, si los empresarios no pagaban se multiplicaban las inspecciones y, en cambio, si entregaban las mordidas que se les exigía, se les protegía. Por ejemplo, había locales que eran inspeccionados tres y cuatro veces por semana, exigiendo siempre la misma documentación y haciéndolo, además, a la hora que había más clientes. Ante la presencia constante de la policía en estos negocios, la clientela se espantaba y el local perdía todos sus ingresos, hasta el extremo de que el empresario se veía obligado a cerrar. Destaca en el sumario la declaración de uno de los testigos que confirmó que llegó a pagarle hasta 9.000 euros al oficial Gabriel T., que pese a sus reiterados intentos de salir de la cárcel, la Audiencia ha ratificado varias veces que existen razones más que suficientes para que siga en prisión.
El tapicero
Otro de los policías que aparece más implicado en la trama, según el sumario, es el agente jubilado Miguel T., que está en la cárcel desde el mes de agosto. Este agente también pertenecía a la Patrulla Verde y en una declaración realizada por un antiguo compañero suyo lo califica de "antipolicía". Compañeros y testigos coinciden en sus malos modos y que era uno de los policías que, supuestamente, también exigía dinero a los empresarios nocturnos a cambio de proporcionarles un trato de favor. Su mujer dirige un negocio de tapicería y, según el juez, el policía local tapizó varios clubes de alterne de la Playa de Palma. Los testigos aseguran que había empleados de locales que estaban atemorizados por la presencia de este policía, porque era muy violento.
