El Table Dance, un club de alterne de s'Arenal de un importante empresario del ocio nocturno, modificaba las horas de apertura para dar la bienvenida en exclusiva a cargos públicos. Así lo relata una de las testigos protegidas en el sumario judicial de la corrupción en la Policía Local de Palma.

La trabajadora sexual explicó a los investigadores que "el horario habitual del club es abrir a las 21 horas, pero para los políticos invitados abrían a las 17 horas". Durante ese tiempo en que el local solo estaba disponible para cargos públicos, las mujeres debían prestarse a mantener relaciones sexuales sin quejarse con el pretexto de que "tenían una fiesta" para los políticos y "no se podía decir que no". Miguel P. B. -el dueño "en la sombra" del Table Dance y de muchos otros locales de la Platja de Palma- es la persona que está, según los investigadores, en la cúspide de un entramado empresarial dedicado a delinquir y corromper a funcionarios.

Durante las visitas de altos cargos -entre los que citan, sin nombres, a "alcaldes de Mallorca, jefes de policía y políticos viejos de más de 60 o 70 años"-, nadie pagaba las consumiciones ni los servicios sexuales. "Las chicas cobraban directamente de [Miguel P. B.] y los clientes aludidos [políticos y agentes] no pagaban nada, ya que eran invitados", explican las testigos del caso.

La situación era todavía más ventajosa para los cargos públicos, que, además de no pagar, recibían dinero: "Todas las chicas del club [sabían] que se entregaban sobres a políticos, policías locales y guardias civiles". En esas fiestas participaban hasta veinte personas de relevancia pública. No figuran los nombres de los asistentes.

Una de las mujeres que estaba obligada a ir a las fiestas trabajaba en el Table Dance cuando todavía tenía 17 años. Aun siendo menor de edad, la testigo declaró que en su primera día de trabajo el dueño del local, Miguel P. B., se acostó con ella sin preservativo.

Otras testigos declararon que, además de estar obligadas a asistir a las fiestas privadas, tenían que aceptar toda clase de prácticas sexuales con o sin protección. Si se negaban, amenazaban a las trabajadoras sexuales con que no tenían la residencia legal en España.

El relato de los informes policiales señala a un antiguo funcionario del Ayuntamiento de Palma, Pedro S. G., como responsable de organizar las fiestas con cargos públicos. Se trataba de un amigo del empresario Miguel P. B. y uno de los responsables del área de Urbanismo de Cort. Está acusado del delito de cohecho. Acudía a diario al club de alterne, según las declarantes, y realizaba regalos a las prostitutas.

Otro de los habituales del local Table Dance era Bartolomé C. A., exjefe de la Patrulla Verde de Palma. En caso de requerirle, los agentes de la unidad que han declarado en la causa sabían que podían encontrarle en el interior del club de alterne.

Otra de las instrucciones que tenían los encargados del establecimiento era "que, cuando hubiese problemas, se avisase al Cuerpo Nacional de Policía, pero si tenían que tapar algo había que avisar a la Policía Local de Palma".