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Corrupción de la Policía Local

José María Rodríguez daba órdenes a la trama cuando era delegado del Gobierno

El político del PP llamaba a miembros del GAP para pedirles servicios - Policías de la red se jactaban de la protección de Álvaro Gijón: "Mientras esté en Cort no nos van a tocar"

José María Rodriguez en la sede del PP de Palma.

José María Rodríguez daba órdenes a policías implicados en la trama corrupta siendo delegado del Gobierno en Balears, según la declaración como testigo de un agente. Rodríguez, que permaneció en ese cargo durante la primera mitad del año 2012 y dimitió al revelarse su implicación en el caso Over, tenía hilo directo con policías para darles instrucciones directas sobre las actuaciones que debían llevar a cabo. Algunos miembros de la trama, según otras declaraciones, se jactaban además de la protección que les brindaban el propio Rodríguez y el concejal Álvaro Gijón: "Mientras esté en Cort no nos van a tocar".

En una de las primeras diligencias de la investigación, practicada por la Guardia Civil en octubre de 2013, un agente que formó parte del GAP de la Policía Local detalló las instrucciones que Rodríguez daba a esa unidad. Poco antes del verano de 2012, el entonces delegado del Gobierno llamó a uno de los miembros de este grupo para que acudiera a la zona de la Lonja para controlar la venta ambulante. Este testigo pidió explicaciones al oficial que estaba al mando, quien replicó que si recibían una llamada de Rodríguez acudían al servicio sin cuestionarle. También narró que a finales de ese año vio cómo el líder del PP de Palma y aquel mismo agente se daban un abrazo durante un acto en la plaza de España "como si fueran amigos íntimos".

Los agentes investigados no ocultaban su afinidad con el PP y la protección que recibían de Rodríguez y Álvaro Gijón y el director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo. "Mientras que esté el enano [en referencia a Gijón] en Cort a nosotros no nos van a tocar", "El Rodri no lo arreglará todo", presumían. Los testigos justifican en ese apoyo político el hecho de que la Jefatura de Policía no pusiera freno a las actividades delictivas de la trama y aseguraron que las irregularidades "se conocen desde hace 27 años" por parte de los mandos.

Varios agentes han detallado cómo la red corrupta beneficiaba a los establecimientos grupos empresariales Cursach y Pabisa. Según revelaron, las actas por irregularidades detectadas en sus locales no se tramitaban e incluso los mandos policiales daban órdenes de no intervenir y recriminaban al resto las actuaciones llevadas a cabo contra estos negocios.

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