El plan de ajuste que aprobará el Ayuntamiento de Palma hoy no incluye el incremento de la presión fiscal, del IBI de las viviendas ni el recorte de servicios. No obstante, según el concejal de Hacienda, Adrià García, las grandes superficies y el 10% de los inmuebles no residenciales de mayor valor catastral experimentarán el próximo año un incremento del recibo de este impuesto que oscilará entre el 4% y el 6%. Lo anterior supondrá un incremento de la recaudación de 1,5 millones.

García explicó que para conseguir al congelación del IBI de las viviendas, tal como adelantó el alcalde, José Hila, se rebajará el tipo municipal que se aplica con el fin de compensar el incremento del valor catastral de los inmuebles.

No obstante, en el caso de los no residenciales de mayor valor, el Ayuntamiento mantendrá el mismo tipo actual, por lo que el recibo subirá en el mismo porcentaje de la revalorización catastral, que oscila entre el 4% y el 6% anual.

Según el concejal, a partir del próximo mes de septiembre se procederá a modificar las ordenanzas fiscales de este impuesto con el fin de conseguir el efecto anunciado. En el caso de las grandes superficies y del 10% de los inmuebles de mayor valor no se descarta que finalmente también se proceda a incrementar el tipo municipal hay un amplio margen desde el 0,6% actual al máximo del 1,1%, aunque se trata de una cuestión que aún no está decidida.

Reestructuración de organismos

El plan también contempla la reestructuración como servicios municipales del Patronat de Reallotjamet y Reinserció Social y del Institut de Coordinación de Obras Viarias. Con esta absorción, que va a suponer su desaparición como organismos independientes, aunque sus funciones serán asumidas por los servicios municipales, se prevé conseguir un "ahorro" anual de 254.000 euros.

En la misma línea, se está estudiando la absorción, reestructuración o desaparición de otros dos organismos autónomos, dos fundaciones, una empresa municipal y un consorcio. A preguntas del concejal del PP Josep Ignasi Aguiló, el responsable de Hacienda manifestó que se estudia la supresión de la sociedad Palau de Congresos, puesto que, una vez que la infraestructura esté en marcha, no tendría sentido mantenerla.

En la comisión se recordó que este proceso de reestructuración de organismos de Cort se inició en 2010, con la desaparición del Institut Municipal de Consum, la posterior fusión de la EMOP y la SMAP, la desaparición del Patronat del Llegat Weyler y la absorción del consorcio Riba por el Patronat Municipal de l'Habitatgte.

García explicó que para cumplir el plan de estabilidad "no hemos tenido que hacer prácticamente nada" porque el año pasado se incumplió la regla de gasto impuesta por el ministro Montoro debido a que el Ayuntamiento tuvo que hacer frente al pago de 27 millones en expropiaciones y a otros 17 millones del Palacio de Congresos, por lo que "se trata de una cuestión puntual y no estructural".

En 2017 se prevé un nuevo endeudamiento de 27,5 millones para el pago de expropiaciones, por lo que se habrán pagado al final del mandato más de 70 millones por este concepto. Pese a ello, la deuda será de 286 millones a finales de este año y de 279 cuando acabe 2017, sin rebasar el límite del 75%.