José María Rodríguez, presidente del PP de Palma, ha sido identificado por varios testigos, que han declarado en la investigación del caso de la corrupción policial, como una de las personas que era invitada a favores sexuales con mujeres que trabajaban en clubes de alterne.
Este es uno de los datos más destacados que figura en la investigación que dirige el juez Penalva, quien esta mañana anunciará el levantamiento parcial del secreto de este extenso sumario, que recoge todas las pruebas y testimonios sobre la trama de la Policía Local de Palma. El magistrado no levanta el secreto en su totalidad, dado que todavía se siguen varias líneas de investigación que justifican esta medida de precaución. Esta decisión de Penalva se toma casi dos años y medio después de que se iniciara esta compleja investigación en la que, de momento, figuran medio centenar de imputados. Además, en estos momentos hay seis personas (cinco de ellas policías locales), que siguen en prisión preventiva a la espera de ser juzgadas.
Estos testigos que han declarado en la causa sitúan a José María Rodríguez como una de las personas que, supuestamente, participaba en las fiestas privadas que organizaba un conocido empresario nocturno. Esta persona tiene intereses económicos en el negocio de la prostitución y es propietario de varios prostíbulos. En su momento ya fue detenido por la Policía y ahora se encuentra en libertad bajo fianza.
Varias mujeres
Hace meses que el juez y el fiscal, en la primera fase de la investigación, tomaron declaración a varias mujeres que estuvieron trabajando en estos clubes de alterne de la Platja de Palma. Todas ellas coincidieron en que el empresario que las contrató montaba orgías con políticos de Mallorca para no sufrir después inspecciones, que pudieran provocar el cierre de su negocio. Las testigos, al ser todas ellas extranjeras, no conocían ni a uno solo de los hombres que acudían a estas fiestas privadas. Sin embargo, les habían advertido que eran políticos y que fueran "especialmente cariñosas y que no les cobráramos si manteníamos relaciones sexuales", según detalló una de estas trabajadoras. La identificación de los invitados se tuvo que realizar a través de fotografías. Las testigos señalaron con las imágenes delante los políticos que acudían a las fiestas y con los que tuvieron sexo. Uno de los asistentes a estas fiestas privadas habría sido José María Rodríguez. También se identifica a otros alcaldes de diferentes pueblos de Mallorca. Todos los nombres aparecen en el sumario.
Aunque aceptar este tipo de invitación a un encuentro con chicas no suponga un delito, el juez lo que quiere averiguar es qué recibía a cambio el empresario que organizaba estos encuentros clandestinos. Se trata de una de las líneas que está siguiendo la Policía, ya que existen fundadas sospechas de que, no solo este empresario de la Platja de Palma, sino también otros dueños de locales, han estado disfrutando durante años de un trato de favor con respecto a sus competidores.
Pero al margen de los cargos públicos identificados por las testigos, se ha averiguado también que a estos prostíbulos acudían con frecuencia policías locales de Palma, pertenecientes la mayoría de ellos a la Patrulla Verde. Los funcionarios eran también invitados a tener sexo gratuito con las mujeres. Tampoco solían pagar nunca las copas que consumían. Algunos, incluso, esnifaban drogas, en presencia de trabajadores, en el mismo local nocturno. A cambio de este especial trato a los policías, según apunta la investigación, estos locales prácticamente no eran inspeccionados, aunque en la mayoría de casos, como se ha demostrado después, funcionaban sin la autorización municipal que les correspondía por el negocio que explotaban. Que no tuvieran los permisos que correspondían no era un impedimento para que pudieran continuar con el negocio.
Organización policial
Pero José María Rodríguez no está siendo investigado únicamente por el juez Penalva por haber asistido a estos encuentros privados en un club de alterne, sino por haber organizado presuntamente una nueva estructura policial, dirigida por personas de su máxima confianza, que se habría aplicado una vez que el PP recuperó el poder en Cort. El presidente del PP de Palma, junto al concejal y actual diputado Alvaro Gijón mantuvieron reuniones en la propia sede del partido con policías que después se ha demostrado que se dedicaban a prácticas corruptas. Actuaciones como por ejemplo exigir dinero a los empresarios para no inspeccionar sus locales, o a consumir droga que previamente habrían intervenido a los camellos que la vendían en la calle.
Esta nueva estructura policial estaría directamente relacionada con el caso del amaño de las oposiciones internas. Varios de los policías que iban a ocupar puestos clave en la nueva estructura policial, según ellos mismos iban presumiendo ante sus compañeros, no tenían la categoría profesional para ser asignados a estos cargos de relevancia. Por ello, presuntamente, se les habría facilitado el ascenso a la categoría de oficial, a través de la filtración de las preguntas y las respuestas de la oposición interna. Lógicamente, todos los alumnos que recibieron este trato de favor aprobaron la oposición y ascendieron de categoría.
Todas las pruebas
El sumario que a partir de hoy podrán conocer todas las partes personadas en la causa recoge la declaración de más de un centenar de testigos, que detallan la actuación, supuestamente corrupta, que habrían realizado varios policías locales de Palma. La fiscalía Anticorrupción, junto al juez Penalva, sostiene que estos agentes investigados se habrían dedicado durante años a extorsionar a empresarios del negocio nocturno. Una presión que habría consistido en exigirles dinero a cambio de evitar las inspecciones o de ser avisados con antelación si estaba previsto algún tipo de actuación en el local. Si el empresario, según constata la investigación, se negaba a pagar el dinero que le exigían, empezaba a recibir la visita constante de la Policía Local. Estas inspecciones se traducían después en elevadas sanciones económicas o en propuestas de cierre. Muchos se vieron obligados a cerrar sus negocios.
