La oficina del Defensor de la Ciudadanía ha alertado de la existencia en Palma de "más de 300 personas" que viven en la calle. Se trata de una situación de "evidente pobreza" que, no por conocida y detectada puede dejar impasible a la administración municipal.

Por ello, desde esta oficina, pese a que desde hace tres años no dispone de titular, ayer se propuso en la comisión del pleno de Sugerencias y Reclamaciones lo que, si estuviera el titular, se habría convertido en una "recomendación".

Ésta consiste la creación, por parte del Ayuntamiento de Palma, de una comisión multidisciplinar integrada por las distintas administraciones competentes con el objetivo de elaborar un informe sobre el alcalde de la situación y sus posibles soluciones.

También se pretende que se elabore una propuesta que incluya acciones tendentes a resolver a medio plazo "esta manifestación de pobreza tan evidente, con la humanidad y la contundencia que se merece".

El encargado de la oficina del Defensor de la Ciudadanía, Vicente Rodrigo, explicó que la iniciativa se produce a raíz de las denuncias reiteradas presentadas por los vecinos de la plaza Berenguer de Palou (Plaza de los Patines) debido a la existencia de personas sin techo que, de forma reiterada, pasan la noche, tanto en invierno como en verano, debajo de las gradas de la pista de hockey sobre patines existente en este espacio libre público.

Se trata de una situación conocida desde hace años, ante la cual las administraciones no pueden actuar, puesto que la legislación actual no permite obligar a una persona dejar de dormir en la calle si no es "por voluntad personal". Además, se da la circunstancia de que en muchos casos estas personas no están empadronadas en la ciudad, por lo que los servicios sociales municipales no pueden actuar. Lo anterior no significa, no obstante, que se encuentren en una situación de abandono, puesto que la administración competente en este caso es el Consell de Mallorca a través del Institut Municipal d'Afers Socials (IMAS).

Este instituto atiende a estas personas a través de las Unidades Móviles de Emergencia (UMAS) que actúa cada día entre las diez de la noche y las tres de la madrugada informandoles de los recursos sociales existentes a los que pueden acudir y les reparte alimentos, mantas y medicamentos. Según la legislación vigente solo se puede obligar a estas personas a abandonar la calle cuando tienen problemas de salud muy graves (físicos o psíquicos) o su se producen problemas de inseguridad ciudadana por comisión de delitos, algo que habitualmente no es el caso.

Asimismo, se contactó con el fiscal Ladislao Roig con el fin de averiguar si la normativa actual no permitía otras alternativas más allá de "la voluntad personal" de estas personas, algo que confirmó. Roig informó que había hablado personalmente con los ocupantes de las gradas de Berenguer de Palou, sin conseguir que, ni por razones de interés personal ni por ninguna otra, desistieran de la ocupación del espacio público.El fiscal indicó a los responsables de la oficina del Defensor de la Ciudadanía que la única alternativa que considera como posible vía de estudio consiste en que se pudiera ordenar el desalojo en aplicación de alguna ordenanza municipal, aunque coincidieron en que lo anterior solo conseguiría desplazar el problema.

Por ello, la oficina del Defensor concluye que en la actualidad solo se actúa sobre las consecuencias del problema y no sobre sus causas, y se indica que "lo que realmente hace falta es un plan estratégico contra la pobreza y la exclusión".