José María Rodríguez, presidente del PP de Palma, y Álvaro Gijón, concejal y diputado autonómico, se han ofrecido al juez Penalva para declarar y ofrecer su versión sobre su presunta relación con la trama corrupta que salpica a la Policía Local, según señalaron fuentes próximas al caso. Ambos políticos aparecen nombrados en numerosas ocasiones a lo largo de la investigación, que de momento sigue bajo secreto de sumario.
En concreto, según han declarado varios de los testigos, Rodríguez y Gijón tuvieron reuniones con algunos de los policías que habrían participado en estas prácticas de extorsión, amenazas y tráfico de drogas. Además, se ha averiguado que los dos políticos mantenían estas reuniones en la propia sede del Partido Popular de Palma y los investigadores interpretan que Rodríguez y Gijón, supuestamente, habrían estado maniobrando para organizar, y lógicamente controlar, la nueva estructura policial de la ciudad.
Estas reuniones se ligan con las maniobras posteriores para filtrar los exámenes de una oposición interna a una serie de agentes de la Policía Local que iban a ocupar destinos clave dentro de la nueva estructura. De hecho, uno de los policías, que ingresó en prisión, entre otras cosas, por quedarse con droga de las redadas que realizaba en locales de la Playa de Palma, presumía por el cuartel del destino que iba a ocupar, incluso antes de presentarse a las pruebas internas, que lógicamente aprobó y con muy buena nota.
Otra de las sospechas que se investiga es la estrecha relación que mantenía otro de los policías, Daniel M., con la cúpula del PP de Palma. Este agente era interino y a pesar de ello fue quien recibió un correo con las preguntas y respuestas de la oposición interna. Este policía ni siquiera se presentaba al examen, porque carece de la titulación escolar y además no formaba parte de la plantilla. A pesar de su condición de interino, nunca tuvo problemas para ocupar el destino que más le interesaba, que era la comisaría de la Playa de Palma. Este policía realizó un acta notarial que certificaba que había recibido un correo con dichas preguntas.
Prisión confirmada
Por otra parte, la Audiencia de Palma ha vuelto a respaldar otra decisión del juez Penalva, que envió a la cárcel a un funcionario de Cort acusado de colaborar en esta trama corrupta. El tribunal ha ratificado esta decisión. Se trata del ingeniero del Ayuntamiento que realizó la prueba sonométrica para calcular el nivel de ruido del bar de El Ico.
El funcionario realizó esta prueba un viernes por la noche, pero parece que se limitó a dejar el aparato en un piso próximo al bar sin preocuparse de vigilarlo, sobre todo para evitar que otros ruidos internos en la casa pudieran alterar el resultado de la prueba. Dos agentes fueron a buscar el sonómetro y se negaron a firmar el resultado de la prueba. A pesar de ello, el funcionario tramitó durante el fin de semana el decreto para cerrar, el siguiente lunes, el negocio que, casualmente, estaba en un local propiedad de un policía local.
