Ahora sí. El tripartito de Cort ha aprobado en solitario y con el voto en contra del PP y Ciudadanos, "ampliar la diferencia entre el tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el diferencial que se aplica a los de mayor valor". Lo anterior, en la práctica, va a suponer el incremento de este impuesto que se aplica a las grandes superficies comerciales, de acuerdo con lo contemplado en el pacto de gobernabilidad.

Pero no solo se van a ver afectadas los grandes comercios, sino aquellos inmuebles no residenciales cuyo valor catastral esté dentro del primer 10% de cada grupo. De esta forma, en el incremento del tipo del impuesto a aplicar también se incluirán hoteles, grandes estacionamientos, determinados inmuebles de uso industrial, grandes edificios de oficinas, los religiosos que no estén dedicados al culto y los de espectáculos, entre otros, en función de si su valor catastral se incluye en el tramo superior al 10%.

El anterior acuerdo forma parte de las 184 propuestas de resolución debatidas ayer en el transcurso de la segunda jornada del debate del estado de la ciudad, que se saldó con la aprobación de 144 propuestas (más de tres cuartos de las presentadas), 124 de ellas por unanimidad.

La referente al incremento de la "progresividad" del IBI se incluye en una de las 78 presentadas por el equipo de gobierno. La mayoría contaron además con el acuerdo del PP y Ciudadanos, excepto en 6 de ellas por parte de los conservadores y en cuatro por el partido de Albert Rivera.

Si bien el incremento de la "progresividad" de la contribución urbana también era una propuesta incluida en las presentadas por el PP, finalmente los conservadores votaron en contra. La portavoz de este partido, Margalida Durán, manifestó que si bien su grupo considera que "debe haber alguna diferencia entre el tipo del IBI normal y el diferencial", con la propuesta del equipo de gobierno no se concreta, por lo que se reservó su opinión para cuando se materialice.

En la misma línea se pronunció el concejal de Ciudadanos Pedro Ribas, quien manifestó que los impuestos deben ser "progresivos", aunque en cuanto al IBI, consideró que el tipo diferencial se debe mantener, aunque no incrementar.

En estos momentos ya se aplica un tipo diferencial superior al normal al 10% de los inmuebles de mayor valor catastral. De esta forma a las grandes superficies se aplica un 0,775% sobre el valor catastral, mientras que al resto es de 0,642%. Lo anterior supone que un inmueble que se incluye dentro de la franja de aplicación del IBI diferencial paga un 20% más que si se le aplicara el tipo normal. Según la norma, el diferencial se puede subir hasta el 1,1% (que es el que se aplica a las grandes superficies en ciudades como Madrid o Barcelona).

En este caso los inmuebles afectados pagarían un 71% más en concepto de IBI que los no incluidos en el tipo diferencial y un 41% más que lo que han estado pagando hasta ahora.

La aplicación del aumento de la contribución urbana a las grandes superficies ya se estudió por parte del tripartito de Cort el año pasado, aunque finalmente se descartó porque, legalmente, no es posible aplicar el aumento solo a los inmuebles de uso comercial. En el caso de que finalmente se apruebe el aumento no se podrá hacer efectivo hasta el próximo año, puesto que primero se deberá aprobar la correspondiente ordenanza fiscal por parte del Ayuntamiento.

La medida está en la línea de las anunciadas por el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad y futuro alcalde, Antoni Noguera, cuando en la primera jornada del debate afirmó que "habrá que ir pensando" en aumentar el IBI a las grandes superficies.

El grupo municipal Més, que lleva reivindicando este incremento desde hace años, calcula que el Ayuntamiento podría recaudar 10 millones más si se aplicara el máximo permitido del tipo de IBI diferencial a las grandes superficies, tal como se hace en Madrid o Barcelona.

Según la portavoz del equipo de gobierno, Neus Truyols, las 78 propuestas presentadas son "realistas, se pueden ejecutar a lo largo del próximo año y están incluidas en los acuerdos de gobernabilidad" entre el PSOE, Més y Som. Se enmarcan en la "nueva forma de hacer política" y "tienden a incrementar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y la mejora del sistema de subvenciones a las entidades y asociaciones".

Entre otras, también se aprobó la realización de una auditoría externa de la deuda, la apertura de una nueva oficina de distrito de Ponent e incrementar el servicio de ayuda a domicilio.