La adaptación del sistema de saneamiento del agua residual a la normativa estatal y de la Unión Europea necesita la ejecución de distintos proyectos en los próximos años valorados por los técnicos de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya) en 222,1 millones.

Según explicó la teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidenta de Emaya, Neus Truyol, el consejo de administración de esta empresa municipal aprobará previsiblemente hoy un plan de acción, cuya ejecución implica la aportación de 30 millones por parte del Ayuntamiento de Palma, 104,5 del Govern balear procedentes del canon de Saneamiento, y 87,6 del Gobierno central.

La ejecución de cada uno de los proyectos se ha priorizado en función de las disponibilidades presupuestarias y de la necesidad de intervenir. Por ello los más inmediatos se centran en una serie de actuaciones que se realizarán en la Platja de Palma con aportaciones de Cort y del Govern.

De esta forma, el Ayuntamiento prevé una inversión de 12 millones en un proyecto de mejora de las redes de saneamiento de la zona costera. Por su parte, la Comunitat Autónoma, a través del canon de saneamiento, financiará distintos proyectos en la zona turística valorados en 35,4 millones.

Según Truyol, para este mandato la conselleria de Medio Ambiente se ha comprometido a realizar una aportación de 13 millones a cuenta del déficit histórico de inversiones que, en el período de 2001 a 2015, supera los 120 millones.

El resto de los proyectos cuya financiación es municipal suponen una inversión valorada en otros 18 millones. Seis se destinarán a la separación de las redes de agua residual y pluvial en el sector comprendido entre la Avenida Joan March hasta la calle General Ricardo Ortega, otros seis para la separación de redes en el centro histórico de la ciudad y seis más para la dotación de la red de agua pluvial en el polígono de Son Castelló.

Una de las actuaciones más importantes, cuya financiación procederá del canon de saneamiento y que está valorada en 21 millones, consiste en la ejecución de una nueva canalización que conduzca el agua residual directamente desde las Avenidas a la depuradora del Coll den Rabassa.

También se prevé ejecutar una nueva interconexión entre las estaciones de impulsión de Sant Agustí y Pelaires (1 millón) y entre ésta y la de Aduanas (5 millones). Entre esta última estación y la del Baluard se procederá a la ampliación y renovación de la canalización de interconexión existente (7 millones). En la zona del Portixol y Cala Gamba se prevé la instalación de nuevas estaciones de impulsión el el torrente Gros y frente a Sant Joan de Déu.

Por último, con el fin de conseguir una mejora de los actuales sistemas de tratamiento de aguas residuales se considera imprescindible al construcción de una nueva depuradora en el Coll den Rabassa que sustituya a la actual, que ya tiene una antigüedad de 43 años.

Se prevé una inversión de 80 millones, que serán aportados a partes iguales por el Ministerio de Medio Ambiente y por la Unión Europea procedentes de los fondos Feder. Según Neus Truyol, Medio Ambiente ya se ha comprometido asu ejecución y se prevé que las obras puedan comenzar e principios de 2018.

Nuevos emisarios

El proyecto también incluye la construcción de un nuevo emisario. El actual fue construido en los años 70 y resulta insuficiente para verter la totalidad del agua residual depurada que no se utiliza para el riego. Además, según Emaya, "se encuentra en un estado deteriorado y requiere una remodelación completa".

El plan también prevé la construcción de un nuevo emisario que permita el vertido al mar del agua depurada procedente de la estación de Sant Jordi. El proyecto ya está redactado y el presupuesto asciende a 7,6 millones y debe ser financiado por el Estado. Tras 10 años de tramitación se encuentra en estos momentos pendiente de licitación después de haber superado la declaración de impacto ambiental.

Otra medida que se va a adoptar a corto plazo consiste en el desarrollo de mecanismos tendentes a la separación del agua pluvial de la residual en origen. Se propone penalizar, vía canon de saneamiento, los vertidos mixtos en edificios que no disponen de las redes separadas.

La obsolescencia de algunas infraestructuras junto con insuficiente capacidad de las depuradoras y de las redes de transporte provocan vertidos ocasionales de aguas mixtas (mezcla de líquido residual con pluvial) al mar.

En 2015 esta situación se produjo en 67 ocasiones, 48 de ellas debido a las lluvias; en 2014 en 57 y en 2013 en más de 100.