La falta de medios en el juzgado de instrucción número 12 de Palma está ralentizando la investigación sobre la trama corrupta que salpica a la Policía Local. Un problema que se arrastra desde hace más de un mes y que no parece que vaya a tener una solución inmediata, puesto que la juez de apoyo que estaba trabajando en este juzgado, solicitó la baja. El Ministerio de Justicia no ha nombrado ningún otro juez, por lo que el magistrado tiene que dedicarse, no solo al caso de la Policía Local, sino a todos los asuntos ordinarios que tramita su juzgado.
Penalva llevaba meses trabajando prácticamente en exclusiva en este asunto. La otra juez de apoyo se encargaba de los asuntos que iban tramitándose en el juzgado. El juez entendía que la gravedad del tema y la importancia de los personajes que están bajo sospecha merecían una dedicación completa a esta investigación.
Sin embargo, las intenciones del magistrado quedaron truncadas desde el momento que la otra juez decidió abandonar el juzgado. Los casos continúan entrando en la oficina y Penalva se ve obligado en estos momentos a seguir, tanto la complicada investigación sobre la Policía Local, como el resto de asuntos que están en trámite. La última reforma procesal, que limita el periodo de instrucción, dificulta todavía más la labor del juzgado, ya que existe la posibilidad de que muchos delitos pueden quedar prescritos o no haya tiempo suficiente para ir recopilando pruebas.
Esta falta de medios, con casi toda seguridad, va a retrasar el levantamiento del secreto. En los últimos meses, prácticamente a diario, el juez Penalva y el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, han ido tomando declaración a los testigos, que han ido aportando datos. Prácticamente un centenar de personas, la mayoría de ellas víctimas, han ido contando detalles a los dos funcionarios judiciales, información que les ha servido para ir siguiendo nuevas pistas y, sobre todo, para hacerse una idea detallada de la actuación irregular de los policías a los que se está investigando.
Pero para llevar a cabo este seguimiento del caso el juez y el fiscal han precisado la ayuda de la Policía. Dos agentes del grupo de Blanqueo de Capitales se están dedicando desde hace meses en exclusiva a esta investigación. Los policías se han entrevistado con decenas de víctimas y de testigos, pero sobre todo se han encargado de buscar las pruebas que justifican las drásticas medidas que ha adoptado el juez, como por ejemplo el ingreso en prisión de los policías que están más implicados en este escándalo. Esta investigación, la más compleja que se desarrolla en estos momentos en los juzgados de Palma, lleva ya miles de folios, con prácticamente medio centenar de tomos de sumario.
Por otro lado, el juez que instruye el caso confirmó ayer la prisión para Miguel E., uno de los policías encarcelados por su presunta participación en la trama corrupta. Es la tercera vez que se rechaza la petición de libertad desde que ingresó en la cárcel, el pasado mes de agosto.
