Los directivos de Emaya anulaban multas a sus amigos desde 2001

Así se pone de manifiesto en un informe elaborado por la actual dirección de la empresa que, junto con el centenar de actas anuladas entre 2010 y 2015, fueron remitidas ayer a la Fiscalía, tal como solicitaron el miércoles en el pleno tanto el grupo municipal del PP como el del PSOE.

Desde esta fecha han pasado cinco presidentes por la empresa municipal: Maria Crespo (PP), Antoni Nadal (PP), Catalina Terrassa (PP), Cristina Cerdó (UM) y Andreu Garau (PP).

Por su parte, la presidenta de Emaya, Neus Truyol, manifestó que no va a atender la petición del expresidente Andreu Garau en el sentido de que rectifique sus declaraciones realizadas en el pleno cuando afirmó que varias de las multas habían sido retiradas a petición suya y del anterior Director de Operaciones, Alonso Gallardo. "Que el señor Garau haga lo que tenga que hacer", manifestó Truyol cuando se le preguntó si rectificaría.

En el informe remitido a la fiscalía, se indica además que la anulación de actas por infracciones medioambientales por parte de la dirección, la gerencia y determinados jefes de área "es un hecho contrastado y conocido en la organización". Asimismo, como consecuencia de lo anterior, se indica que la petición de anulación realizada por empleados de la empresa al jefe de los controladores, era un hecho también contrastable y conocido.

Se indica también que hasta marzo del año pasado, esta práctica no era percibida como fraudulenta ni ilegal por el jefe de los controladores. Es más, esta persona, a la que se le abrió un expediente informativo que ha sido archivado por haber transcurrido 6 meses de los hechos, considera que él tiene la misma legitimación de quitar las multas a "sus compromisos" que la Dirección. Desde la empresa explicaron ayer que el pasado 14 de abril se "advirtió" la existencia de un archivador en el servicio de inspección medioambiental con el título de "actas anuladas", que comprendía del orden de 90 denuncias realizadas entre 2010 y 2015. En cada una de las actas aparecía la inscripción "nula" o "anulada".

Como consecuencia de lo anterior se abrió una investigación interna con el fin de comprobar estos hechos. En el marco de esta investigación se tuvo conocimiento de una segunda carpeta que fue entregada por una trabajadora de la empresa en la que, según manifestó, "había actas explícitamente paralizadas por presidencia". Paralelamente, el técnico ambiental, el pasado 11 de mayo, encontró en el antiguo despacho de los controladores otras 15 actas anuladas.

Tal como se comprobó, ninguno de estos expedientes habían sido remitidos al departamento de Sanidad de Cort, encargado de tramitarlos. Además, la práctica totalidad de las infracciones son leves (con sanciones que pueden oscilar ente los 30 y 300 euros) y prescritas puesto que han trascurrido seis meses desde su imposición.

Expediente archivado

La dirección de la empresa decidió abrir un expediente informativo al jefe de controladores. Además de a esta persona, se tomó declaración a otros cuatro controladores medioambientales, a la secretaria de la presidencia y a la del director de Calidad Urbana.

Como consecuencia de estas diligencias el pasado 2 de mayo se abrió un expediente sancionador al jefe de controladores en el que se tomó declaración también a jefes de distintos departamentos de la empresa, así como al antiguo jefe de Medio Ambiente, quien puso en marcha el servicio de controladores medioambientales en 2001.

Ayer se decidió archivar el expediente disciplinario por la posible prescripción de la falta laboral y porque el trabajador "parece haber seguido una pauta normal, ya que sus antecesores la llevan a cabo". Además todas las faltas eran leves y se archivaban previa consulta con el que la imponía.