La Audiencia de Baleares ha ordenado a un juzgado de Instrucción de Palma que investigue los certificados médicos aportados para el proceso de admisión de alumnos de un colegio de la ciudad.
La sección segunda del tribunal provincial ha dictado hoy un auto en el que ha estimado el recurso de apelación interpuesto por un padre y ha revocado la decisión del Juzgado de archivar el procedimiento.
La sala ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular, que representa al padre de una menor que optaba a una plaza en dicho centro escolar porque considera que la investigación archivada no está conclusa y que deben investigarse los certificados médicos aportados por varios solicitantes de plaza, por si pudieran incurrir en un delito de falsedad.
La Audiencia mantiene el sobreseimiento respecto del delito de prevaricación administración en el proceso de admisión, respecto del cual, afirma, no existe fundamento ninguno.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Palma había justificado el archivo en que las posibles irregularidades que hubieran podido producirse en el expediente de admisión, en referencia a la validez de los certificados médicos, deben depurarse por la vía administrativa.
La Audiencia considera sin embargo que el apelante ya ha recurrido a dicha vía, y la administración se ha limitado a comprobar la regularidad de proceso de selección, y dentro de esta regularidad a verificar el proceso de puntuación de las solicitudes en base al contenido de los certificados médicos, sin comprobar ni verificar dicho contenido.
El auto destaca que llama la atención que algunos certificados médicos no habían sido emitidos por médicos especialistas y que otros provenían de médicos radicados en otras islas o en otra comunidad autónoma.
Recalca que la administración educativa parte de la presunción de veracidad de lo certificado, al igual que el Colegio de Médicos y que si existe la posibilidad de que alguno pueda ser falso o incierto, solo puede comprobarlo un juez instructor en el curso de un proceso penal.
La idoneidad de esos certificados médicos no ha sido comprobada por la administración educativa porque "ni es su cometido ni tiene competencia para ello".
La sección segunda considera que la investigación está inconclusa y no se han agotado las diligencias de investigación porque el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía contestó al juez que para comprobar los certificados médicos es imprescindible recabarlos y eso no se ha hecho.
