Tras cuatro años de oposición y de vigilancia a la mayoría absoluta del PP, las fuerzas de izquierdas desembarcaron en el Ayuntamiento de Palma con eslóganes como el "gobierno del cambio". Casi un año después, el pregonado cambio no se ha plasmado en la política de contratación del consistorio palmesano. El tripartito, lejos de demostrar con hechos el discurso crítico que mantenía desde la oposición, ha prorrogado numerosos contratos que denostaba cuando no tenía la vara de mando municipal.
En los once primeros meses de gobierno, el autodenominado Govern de la Gent -formado por PSOE, Més y Som Palma- ha celebrado 47 juntas de gobierno. Solo los regidores que gobiernan forman parte de ese órgano, que es el encargado de dar el visto bueno a los contratos públicos.
Desde junio de 2015 hasta ahora, el tripartito ha iniciado la tramitación de 28 concursos públicos de nuevo cuño, mientras que ha prolongado 60 contratos que se firmaron durante el mandato del PP. Ese dato por sí solo no sería llamativo si no fuera porque varios de los servicios prorrogados fueron criticados con dureza mientras los populares gobernaban. Además, tanto el PSOE como Més solicitaron la retirada de algunos pliegos de condiciones de contratos que ahora, desde el gobierno, han acabado alargando.
Las regidurías que han prolongado más contratos son la de Infraestructuras (16 prórrogas frente a 7 contratos nuevos), la de Bienestar Social (13 prórrogas y 3 nuevos) y la de Educación y Deportes (12 prórrogas y 5 nuevos). En el resto de concejalías la incidencia de la contratación externa es menor, ya que disponen de menos servicios privatizados.
Durante el mandato de Mateo Isern, el área de servicios sociales fue la que recibió más reproches por parte del PSOE y, sobre todo, de Més per Palma. Ahora esa concejalía la gestiona una regidora de Més y ha prorrogado contratos que atacó públicamente su cabeza de lista y futuro alcalde de Palma, Antoni Noguera.
Un ejemplo fue el contrato del servicio de acogida municipal. En octubre de 2014, solicitaron al PP que retirara los pliegos de condiciones del concurso público, es decir, que no continuaran tramitando el contrato con los requisitos que exigían los populares. Noguera criticó entonces los recortes contra los usuarios del servicio y contra los profesionales que iban a trabajar en los centros de acogida. Una vez en el gobierno, han alargado el contrato durante ocho meses (o bien hasta que haya una nueva empresa que se encargue de prestar el servicio).
La actual regidora de Bienestar Social, Mercè Borràs, justifica la decisión porque el servicio no se puede suspender y los plazos administrativos se les echaron encima. El contrato fue prorrogado en noviembre, cinco meses después de entrar en el gobierno.
Para el próximo contrato, que esperan adjudicar en septiembre, han establecido unas condiciones diferentes y han deshecho la reducción de personal que impuso el PP, según explica el coordinador general del área, Francesc Bellés. Una de las novedades que introducirán es que cada centro de acogida tenga un contrato integral, de forma que la empresa adjudicataria se encargue de la comida, la limpieza y la atención a los usuarios.
Otro de los servicios que despertó polémica política fue el contrato de comida para equipamientos sociales, como los centros de acogida o los comedores sociales del Ayuntamiento. En mayo de 2014 un comensal halló un objeto metálico en uno de los platos. En agosto de 2014 este diario publicó que, según un informe de Cort, a los usuarios les servían comida de baja calidad y a los diabéticos les daban la mitad de la comida en vez de un menú adaptado a sus necesidades.
PSOE y Més criticaron la gestión del gobierno de Mateo Isern por no haber sancionado a la empresa Serunión, la encargada del catering. Los socialistas fueron más allá y denunciaron que el PP había prorrogado el contrato a pesar de las quejas. En marzo de este año el tripartito volvió a prolongarlo durante un año más: hasta 2017.
El coordinador general Bellés reconoció que la prórroga de este contrato "es un tema que escuece". "Sabemos de las denuncias que hubo y aún así lo hemos prorrogado porque no teníamos otra opción", afirmó el número dos de Bienestar Social.
Bellés explicó que la única empresa que cumplió con los requisitos del concurso público fue Serunión, mientras que las otras acabaron excluidas. "Se ha dado la orden de intensificar los controles a la compañía. A partir del año que viene la comida formará parte de los contratos integrales del servicio de acogida", agregó el coordinador general.
Un tercer contrato de servicios sociales que hace un año despertó críticas airadas fue el de acogida temporal de familias en un edificio privado. El servicio fue adjudicado a la Fundació Sant Joan de Déu, propietaria del convento de las dominicas del polígono de Son Castelló. En aquel caso se reprochó la privatización de los centros de acogida y lo caras que resultaban las plazas: 588 euros por usuarios, según los datos que aportó Més en 2015. Han prorrogado un año este contrato.
La concejala Borràs justificó la decisión debido a que los centros públicos de acogida están llenos hasta los topes. "Los pliegos de Es Convent están muy mal hechos, porque el PP lo hizo en un mes de agosto por urgencia y con prisas. Sin embargo, el espacio es perfecto y ellos han sido muy colaboradores", señaló la edila econacionalista.
El polémico contrato de la luz
Las adjudicaciones de servicios sociales son las más representativas del cambio de criterio de los partidos que ahora gobiernan, pero no son los únicos. Otro ejemplo se da en el área de Infraestructuras, uno de los departamentos municipales que mueve más dinero en contratos públicos. PSOE y Més criticaron el servicios como el mantenimiento de los barrios (se han prorrogado cinco contratos distintos de este concepto) o la elevada cantidad que pagaba el Ayuntamiento en las facturas de suministro eléctrico.
El contrato de electricidad de edificios municipales fue prolongado hace dos semanas. El regidor de Infraestructuras, Rodrigo Andrés Romero (Som Palma), argumentó que su departamento lleva retraso con la preparación de nuevos contratos porque tienen "muchas cosas en marcha". Su intención futura es "reducir el consumo y reducir la tarifa". Además de introducir medidas de eficiencia energética, busca abaratar el precio de los kilovatios que compra Cort.
La portavoz del equipo de gobierno y regidora de Ecología, Neus Truyol (Més), afirmó el pasado febrero que quieren Cort contrate energía verde. Sin embargo, Romero afirma que "es complicado cerrarse solo a empresas que vendan energía verde".
En la regiduría de Educación y Deportes también hay otro contrato que generó bronca política: el Programa de Refuerzo de la Integración Social y Educativa (PRISE). Se trata de un servicio que sustituyó al programa Èxit de refuerzo escolar y que dejó sin prestación a muchos niños. El contrato finalizaba en diciembre, pero Cort lo alargó seis meses (hasta final de curso). La concejala de Educación, Susanna Moll (PSOE), aseguró que para el curso 2016-17 recuperarán el programa Èxit, "que no tenía unos requisitos tan excluyentes".
