El juez Manuel Penalva ha ordenado hoy el ingreso en prisión del funcionario del Ayuntamiento de Palma detenido ayer por su presunta implicación en el caso de corrupción en el seno de la Policía Local.

El titular del juzgado número 12 de la capital mallorquina ha enviado a la cárcel, de forma preventiva y sin fianza, a este funcionario, identificado como P.T., que pasó a disposición judicial esta mañana junto a otro de los tres detenidos ayer, J.O.

Respecto a este último, el juez Penalva ha dictado prisión provisional eludible con una fianza que el imputado ya ha satisfecho, por lo que no ingresará en la cárcel.

Los dos hombres, arrestados ayer junto con otra persona, están relacionados con la presunta trama de corrupción que el juez, junto con el fiscal Miguel Ángel Subirán, investiga desde hace dos años.

El lunes también fue detenido el jefe de Actividades del Ayuntamiento de Palma, que posteriormente quedó en libertad tras prestar declaración ante la Policía.

El encarcelado hoy había trabajado antes en el mismo departamento municipal y en la actualidad prestaba servicios en otra institución en comisión de servicios.

El juez Penalva investiga presuntos delitos de tráfico y tenencia ilícita de armas, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, prevaricación, negociaciones prohibidas, coacciones, cohecho, amenazas, extorsión, falsedad, contra la salud pública, fiscales y contra el medio ambiente.

En esta causa, que empezó a investigarse en 2013 y que permanece bajo secreto de sumario, han ingresado en prisión preventiva hasta 16 policías. Los investigadores sospechan que varios agentes extorsionaban a empresarios de ocio y beneficiaban a otros a cambio de dinero y prebendas.

El juez instructor dictó el viernes pasado un auto para prorrogar durante un mes más el secreto sumarial para continuar las indagaciones y lo justificó por la tipología delictiva y la forma de actuar de los implicados y por sus conexiones, ya que considera que "no se puede investigar eficazmente de otra forma".

En un auto de prórroga dictado anteriormente, Penalva aseguraba que, además de policías, en los hechos investigados estarían implicados "otros funcionarios públicos de los ayuntamientos de Palma y Calvià".

El juez investiga los hechos denunciados por un empresario que declaró que la policía había cerrado injustificadamente su local, cuya licencia "estaba bloqueando ilegalmente un funcionario del ayuntamiento".