Unos 500 ciudadanos han suscrito a título individual la alegación presentada por Arca contra el proyecto de demolición del monolito de sa Feixina. La vicepresidenta de la entidad conservacionista, Àngels Fermoselle, manifestó ayer que "existe un clamor ciudadano" para que el Ayuntamiento de Palma preserve el monolito, por lo que consideró que ahora, en la fase de resolución de alegaciones, "el Ayuntamiento tiene una oportunidad más para escuchar a la gran mayoría de la ciudadanía que está por la conservación del monumento".
Para Arca "no atender la avalancha de peticiones a favor de la conservación y no avanzar hacia el consenso y el entendimiento sería el fracaso de la política y el triunfo de la imposición". Fermoselle recordó además, que se trataría de una imposición "con mentiras", puesto que ninguno de los partidos del equipo de gobierno llevaba en su programa la demolición del monolito y el pacto de gobierno incluye su "desmontaje y retirada", no su demolición.
Asimismo, consideró que "crear división y enfrentamiento entre la ciudadanía haciendo creer que quien defiende el monumento de sa Feixina está defendiendo el fascismo "es un acto político irresponsable y peligroso, además de un insulto a Arca".
El razonamiento jurídico de la alegación se resume en que la destrucción del monumento vulnera la Ley de Patrimonio Histórico de les Illes Balears y el espíritu de la Ley de Memoria Histórica. Además, tratándose de un bien público, su destrucción necesitaría la intervención de la secretaría y del departamento. Consideran que también vulnera la Ley de Contratos del Estado, "puesto que ningún técnico ha querido firmar el informe" y los documentos en los que se basa su demolición "son insuficientes, obsoletos y contrarrestados por otros de la misma o mayor categoría".
El Consell estudia el recurso
Por su parte, los servicios jurídicos del Consell de Mallorca estudian el recurso de alzada presentado por la asociación de Amigos de Santa Catalina, contra la no catalogación como BIC del monolito. La documentación será remitida a todas las partes para alegaciones antes de que se pronuncie la Comisión de Gobierno.
