Detenido otro funcionario de Cort y dos técnicos por la trama de la Policía Local

Estas detenciones responden a la nueva línea de investigación que dirige el juez Penalva y el fiscal Subirán, que se centra en determinar qué funcionarios técnicos y administrativos del Ayuntamiento han colaborado con los policías locales sospechosos, en la tramitación de licencias y en los expedientes de cierre de negocios. Estos tres arrestos se suman a la detención del pasado martes de un jefe de negociado del área de urbanismo, que por la noche quedó en libertad con cargos tras declarar en comisaría. Al funcionario, defendido por el abogado Josep Perelló, se le acusa de haber cobrado dinero de la trama. Sin embargo, el empleado municipal negó cualquier implicación con el caso y señaló que se limitó a tramitar los expedientes que le entregaba la Patrulla Verde.

Con respecto a las detenciones de ayer, el funcionario municipal ocupaba un alto cargo en el departamento de Sanidad, que tramita los expedientes de ruidos. Se trata de Pedro Torres, ingeniero, que fue el funcionario que realizó la prueba de sonometría del bar que El Ico, el hijo de La Paca, montó en la calle Joan Miró.

Esta prueba permitió, tras una tramitación administrativa insólita, ordenar el cierre inmediato de este local que, casualmente, pertenecía a uno de los policías locales de Palma que está en prisión implicado en la trama corrupta. Los investigadores sospechan que precisamente este policía, que no pertenecía a la Patrulla Verde, supuestamente sobornaba a otros funcionarios del Ayuntamiento de Palma, que se encargaban de la tramitación administrativa.

Habitualmente cuando las autoridades municipales reciben una denuncia de un local por un exceso de ruido que molesta a los vecinos, las pruebas para determinar el nivel de decibelios las realizan los propios policías locales. Pero en el caso de El Ico no fue así. La prueba la realizó el funcionario detenido ayer. Un viernes por la tarde acudió a las dependencia de la Patrulla Verde, en el cuartel de San Fernando, para que uno de los jefes de la unidad le entregara el sonómetro. Por la noche, según se ha constatado, acudió al local nocturno de la plaza Gomila. Pedro T. no colocó el aparatado medidor frente a la puerta del negocio. Subió a un piso próximo y lo dejó en una de las habitaciones. Aunque teóricamente estaba obligado a controlar la prueba en todo momento, el técnico dejó dicho sonómetro en una habitación y se fue. Al día siguiente, en sábado, el entonces jefe de facto de la citada patrulla policial, Gabriel Torres, ordenó a dos de sus subordinados que acudieran a dicha vivienda a recoger este aparato técnico.

Trabajar en sábado

En este tipo de procedimientos administrativos el volcado de los datos del sonómetro no es inmediato y mucho menos en un sábado, cuando la oficina de la Patrulla Verde permanece siempre cerrada. Pero en el caso del bar de El Ico la situación, según se ha comprobado a través de la investigación que ha realizado el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía, fue muy diferente. El ingeniero municipal acudió a las dependencias del cuartel de San Fernando el sábado por la tarde. Uno de los jefes de la unidad le abrió la puerta de la oficina para que pudiera volcar la información del nivel de ruido.

Según se ha podido constatar a través de numerosos testimonios, la media de tiempo desde que se hacen estas pruebas hasta que se procede a la orden municipal de sanción o cierre del local, suele estar entre los ocho meses y el año. Pero en el caso del bar del joven de Son Banya la situación fue muy distinta. El viernes se realizó la prueba (el juez cree que no tenía ninguna validez porque se hizo desde una vivienda y sin ningún control), el sábado se vuelcan los datos y se realiza toda la tramitación administrativa, y el lunes se firma el decreto municipal de cierre del bar de El Ico por exceso de ruido. Para ejecutar la orden municipal unos 15 policías acudieron al bar para proceder a su cierre.

El juez tiene muy claro que el jefe de la Patrulla Verde debía dudar de que la prueba de sonometría que había realizado el funcionario detenido ayer, fuera legal. De lo contrario no se entiende que Gabriel Torres le pidiera a dos policías de su unidad, los mismos que fueron a buscar el aparato en el piso donde lo habían colocado la noche anterior, que firmaran el documento que reflejaba el resultado. Sin embargo, estos policías no quisieron firmar el informe, pese a las insistencias de su jefe. Estos dos agentes se fueron al Ayuntamiento para hablar con el ingeniero Pedro Torres y pedirle explicaciones de su actuación, al tiempo que le comunicaban que no firmarían el informe. Parece ser que el funcionario de Cort perdió la compostura y comenzó a gritar a los dos policías locales. A uno lo cogió del brazo y después echó a los dos agentes a la fuerza de su despacho del Ayuntamiento.

Los dos policías locales quisieron que este incidente quedara reflejado por escrito. Cuando llegaron al acuartelamiento redactaron un atestado en el que denunciaban a Pedro Torres por atentado a agentes de la autoridad. Los agentes después recibieron presiones para que retiraran la denuncia.

Con respecto a los otros dos detenidos, ambos son expertos en la tramitación de licencias y se cree que estaban compinchados con algunos funcionarios de Cort.