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Suplantaron la orden del concejal de Urbanismo

Cort reconoce que no conoce qué tipo de licencias concedió a los locales que fueron sancionados

Una de los episodios más sospechosos que han cometido varios de los policías locales de Palma investigados por corrupción se centra en el local que El Ico, el hijo de La Paca, tenía en la calle Joan Miró. El local es propiedad de uno de los agentes que todavía está en prisión, y que precisamente se sospecha que dispuso de más de cuatro millones de euros. En vez de ser la Policía Local la que realizara la prueba de sonometría del bar, fue un funcionario del Ayuntamiento el que analizó el nivel de ruido. No se situó junto a la puerta del bar Cavalli. Colocó el sonómetro en un piso próximo al bar. En vez de estar pendiente de los registros que recogía el aparato, el funcionario se marchó. Fue a buscarlo al día siguiente, que era sábado. Esa misma tarde la Patrulla Verde tramitó el expediente de cierre del local, señalando que el bar superaba el nivel de ruido. Uno de los jefes de la Patrulla Verde le abrió la puerta de la oficina al funcionario para que pudiera volcar los datos del nivel de ruido. El Ayuntamiento suele tardar un año desde que realiza estas pruebas de nivel de ruido hasta que propone una sanción del local. Sin embargo, en el caso del bar de El Ico la situación fue muy diferente. La prueba se hizo un viernes, el sábado se tramitaba el expediente y el lunes se procedía al cierre del local.

Orden verbal

En la resolución administrativa que se redactó para justificar esta decisión municipal figura que la orden se adopta "por delegación verbal del teniente de alcalde Urbanismo". Sin embargo, el exconcejal de esta área, Jesús Valls, declaró ante el juez Penalva y negó "con absoluta rotundidad" que hubiera dado una orden verbal para autorizar la firma del decreto. Jesús Valls consideró un hecho insólito que este tipo de procedimiento administrativo para sancionar a un local de Palma se tramitara durante un fin de semana.

Se da la circunstancia que uno de los responsables de la Patrulla Verde intentó que dos policías de la unidad certificaran la prueba sonométrica que había realizado el funcionario del Ayuntamiento de Palma. Sin embargo, los dos policías se negaron a participar en esta trama.

Por otra parte, el juez detalla que, según la información que ha recibido, el Ayuntamiento desconoce en estos momentos qué tipo de licencia disponen los locales que han sido sancionados por el acoso de estos policías.

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