Casino Teatro Balear amenaza al Ayuntamiento con acciones penales porque considera que el "trato discriminatorio y arbitrario" por parte de Cort "solo es explicable desde el prisma del Código Penal", tal como respondió en un duro comunicado a las últimas declaraciones del regidor de Urbanismo de Palma, Antoni Noguera, quien reiteró la semana pasada que los promotores del Gran Casino Teatro Balear "han hecho una obra ilegal y no hay más que hablar". "Son ilegales y el promotor tendrá que acatar las consecuencias", dijo sobre las obras que llevó a cabo la empresa adjudicataria del concurso para instalar un segundo casino en Palma.
La empresa subraya que comenzó las obras "solamente después de haber obtenido la licencia por silencio, ante la absoluta pasividad e inactividad de la gerencia de Urbanismo [durante la pasada legislatura] que, una vez más, solo se mueve cuando existen intereses inconfesables, impulsos que por nuestra parte no han existido nunca". En la nota de prensa, añade que "no hay, pues, obras ilegales y sin licencia, sino obras iniciadas al amparo del permiso obtenido por silencio administrativo, una vez que éste se comunicó al propio Ayuntamiento y a la Gerencia. Nada pues de obras clandestinas e ilegales, como pretende hacernos creer el aprendiz de urbanista y, al parecer, político comprometido con las clases humildes y trabajadoras, pero que viene ignorando sistemáticamente los efectos sociales y laborales sobre los 300 trabajadores del Gran Casino Teatro Balear que su nefasta actuación produce", recalca.
El duro comunicado prosigue su amenaza respecto a las acciones penales que emprenderán: "También, con la misma firmeza y confianza, proclamamos que las exigencias de responsabilidad personal, patrimonial y penal no acabarán en la vía contencioso-administrativa y, aunque nos lleve más de 15 años, terminaremos exigiendo, de forma individual y personal, la responsabilidad en que hubieran podido incurrir los autores de semejantes desmanes y atropellos. ¡No habrá paz para los malditos!", concluye el comunicado.
Tanto el anterior equipo de gobierno, encabezado por Mateo Isern, como el actual, han denegado la licencia por incumplir la normativa del casco antiguo.
