Arca ha calificado de "poco democrática" la decisión del equipo de gobierno de Cort de derribar el monolito de sa Feixina y ha anunciado que va a presentar alegaciones "contundentes" en contra de la aprobación del proyecto de demolición que implicará su destrucción.

Desde la asociación conservacionista afirman que el alcalde José Hila y su equipo "demuestran menosprecio hacia el patrimonio y las huellas de la historia" y consideran "muy débil" la justificación legal que sustenta la decisión. Asimismo afirman que la explanada resultante tras la demolición del monolito, que tendrá un coste de 170.000 euros "será la más cara de la historia".

A esta cantidad hay que añadir los 40.000 euros gastados en 2010 para la adaptación del monumento a la ley de la Memoria Histórica. Recuerdan asimismo que ninguno de los partidos que conforman el equipo de gobierno llevaba en su programa electoral la demolición del monolito.

Por su parte, el grupo municipal del PP ha convocado esta mañana un acto simbólico para reivindicar la conservación del entorno actual de sa Feixina, en el que participarán los cargos locales, autonómicos y nacionales del partido.

Por su parte, el grupo municipal Ciudadanos, que no se unirá a la concentración convocada por el PP ha anunciado que recurrirá por via judicial la decisión del equipo de gobierno. Además, ayer presentó una proposición para que sea discutida en el próximo pleno en la que se insta a paralizar la demolición.

El portavoz de este partido en Cort Josep Lluis Bauzá señaló además que la decisión municipal "contradice los acuerdos del propio Ayuntamiento en 2010 ya que desde entonces no se ha producido ninguna modificación que contravenga estos actos administrativos". Advierte además que el acuerdo puede tener consecuencias legales "al ser una resolución injusta a sabiendas", que constituye la definición del delito de prevaricación. Por su parte, el Círculo Balear ha anunciado que impugnará el acuerdo, registrará alegaciones y presentará una demanda contra el Consistorio reclamando la adopción de medidas cautelares de paralización de la demolición.