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Corrupción en la Policía Local

Investigan si los corruptos han pagado a delincuentes para asustar al juez y al fiscal

El magistrado que investiga la trama que afecta a la Policía Local de Palma denunció que habían entrado en su domicilio

Subirán, a la derecha junto a Carrau, ha sufrido el robo de su moto y otros actos de intimidación. b. Ramon

Los policías corruptos de Palma ya no se limitan únicamente a lanzar amenazas contra el juez y el fiscal amenazas contra el juez y el fiscal que investigan esta trama. Ya han pasado a la acción. Y lo han hecho con actos y mensajes intimidatorios contra ambos, en una muestra de que continúan disfrutando del mismo nivel de fuerza que antes de ser investigados. Han ido tan lejos que en estos momentos se sospecha que la trama corrupta ha contratado a delincuentes profesionales para intimidar al juez y al fiscal, con el objetivo principal de que puedan encontrar algún elemento que pueda desprestigiarlos. Mientras tanto, otros testigos protegidos también están sufriendo nuevas amenazas. El pasado fin de semana un agente, que es además testigo protegido, descubrió la luna de su vehículo destrozada. El coche estaba aparcado enfrente del cuartel de San Fernando.

Hace ya algunas semanas que la Policía Nacional incrementó las medidas de seguridad alrededor del juez Penalva y del fiscal Subirán. Muchos testigos del caso habían sufrido episodios intimidatorios y era lógico que también lo pudieran padecer ambos investigadores. La Policía no optó por una seguridad personal. Se realizó más bien una contravigilancia, sobre todo a tenor de que se había detectado que había sospechosos en prisión que manifestaron su disposición a actuar contra Penalva y Subirán. Pero estas medidas de seguridad no han servido de nada. Tanto el juez como el fiscal han sido víctimas de actos intimidatorios, en forma de entradas en sus respectivos domicilios particulares.

La situación más grave la ha sufrido el fiscal Subirán ya que, entre otras cosas, le han robado su motocicleta, que tenía aparcada en el garaje de su domicilio de Palma. No era la primera vez que los delincuentes habían entrado en esta zona subterránea. Según señaló en su denuncia policial, antes del robo Subirán detectó que al menos en dos ocasiones le habían cambiado de sitio esta motocicleta. No hay duda alguna que antes de robar el vehículo los delincuentes planificaron la acción y estudiaron la zona. Y no fue un robo casual. El vehículo es muy pesado y difícil de manejar y, además, se trata de un modelo que prácticamente no se sustrae porque no se puede vender por piezas. Quien lo hizo sabía muy bien quién era su propietario. Lo más seguro es que, incluso, este robo lo pudieron cometer varias personas, porque es complicado que un solo individuo pueda subir la rampa empujando la moto, debido a su elevado peso.

No se trataba del primer acto intimidatorio que sufría el fiscal. Antes hubo otros. Las cuatro ruedas de su coche, aparcado en el mismo garaje, aparecieron desinfladas. Y también detectó que le habían entrado en su segunda residencia, ubicada en una zona costera de la isla. No se sabe exactamente qué estaban buscando.

Mucho riesgo

Tanto la acción que ha sufrido el fiscal, como la que ha padecido también el juez, son actos premeditados, con la intención de intimidarles. Los investigadores no creen que alguno de estos policías corruptos se haya atrevido a cometer personalmente estas acciones, sobre todo por el riesgo que ello suponía y sus consecuencias. Nadie duda que se trate de acciones por encargo. Es decir, de forma individual o de forma colectiva, alguno de los policías locales de Palma investigados se habrían puesto en contacto con delincuentes profesionales, lógicamente expertos en robos, para que entraran en estas propiedades. La mayoría de policías de Palma en algún momento han intervenido, por su propia profesión, en alguna investigación contra grupos de delincuentes. La Policía conoce a la mayoría de delincuentes de la ciudad y es fácil localizarles.

Es la primera que en Mallorca se detecta una situación tan grave y delicada que afecta a un juez y a un fiscal que están investigando un caso. Ni la más peligrosa organización desarticulada en la isla se había atrevido a realizar acciones de este nivel para buscar pruebas que desacrediten a los responsables de una investigación judicial.

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