El Ayuntamiento de Palma incrementará la vigilancia y la cuantía de las sanciones contra el botellón en seis zonas de la ciudad. Toda la primera línea de la Platja de Palma, Can Pastilla, El Jonquet, el paseo Marítimo, Son Armadams y la plaza Gomila, serán declaradas hoy, en el transcurso de una junta de gobierno extraordinaria, como zonas de especial intervención a efectos de la ordenanza reguladora del uso cívico de los espacios públicos, conocida como ordenanza contra el botellón.

Lo anterior significa, entre otras cosas, que la práctica del botellón, entendida como la concentración no autorizada de personas que consumen bebidas alcohólicas y que provocan molestias, además de estar prohibida, como en toda la ciudad, se sancionará con multas cuyo importe oscila entre 1.500 y 3.000 euros en lugar de entre 100 y 750 euros como en el resto de Palma.

En las zonas delimitadas como de especial protección también se prohibe la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos comerciales, máquinas expendedoras o su venta ambulante desde las doce de la noche hasta las ocho de la mañana del día siguiente.

La medida fue anunciada ayer por el alcalde de Palma, José Hila, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, tras la celebración de una junta local de seguridad extraordinaria en la que también participaron al delegada del Gobierno Teresa Palmer, el coronel jefe de la Guardia Civil, Jaume Barceló, el jefe provincial de operaciones de la Policía Nacional, Cristóbal Villalonga, y el jefe de la Policía Local, José Antonio Bravo, entre otros.

La delimitación de estas zonas como de especial intervención se produce, tal como establece la ordenanza, después de que la Policía Local ha emitido un informe en el que se analiza la incidencia las infracciones denunciadas relacionadas con la concentración de personas que causan molestias a los vecinos, viandantes y al tráfico debido al consumo en la vía pública de bebidas alcohólicas.

Este informe fue analizado ayer por la tarde por la comisión de seguimiento de la ordenanza, por lo que, para que entre en vigor la declaración de zona de especial intervención, solo hace falta el acuerdo de la junta de gobierno, lo que se prevé se produzca hoy en el transcurso de una convocatoria extraordinaria de este órgano.

De todas formas, para que la delimitación sea efectiva se tendrá que esperar a que sean señalizadas convenientemente, lo que, según la concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, se realizará a lo largo de este mes. Paralelamente se está trabajando en la posibilidad de que la primera multa que se imponga pueda ser conmutada por cursos de formación ya que su cuantía de entre 1.500 y 3.000 euros se considera suficientemente elevada. También se está estudiando la posibilidad de bonificar un porcentaje de la cuantía de la multa por pronto pago.

Con la suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Balears de la ordenanza cívica aprobada en 2014 por el gobierno de Mateo Isern entró automáticamente en vigor la normativa contra el botellón aprobada a lo largo del mandato de la socialista Aina Calvo.

En ella se prohíben en toda la ciudad las concentraciones no autorizadas de personas que consuman alcohol en la calle y que causen molestias. En las zonas en las que la problemática es especialmente grave, se prevé su declaración, previo informe de la Policía Local, como de especial intervención, con un incremento de las multas y la prohibición de que los comercios vendan alcohol entre las 22,00 y las 8,0o horas.

En la junta local de seguridad celebrada ayer, también se abordó la puesta en marcha del dispositivo policial en la Platja de Palma durante la próxima semana santa, que este año se ha adelantado. Asimismo, el Cuerpo Nacional de Policía se comprometió a reforzar y llevar a cabo dispositivos específicos en las zonas de especial intervención y en Son Gotleu, Gomila y la Porta de Sant Antoni.