El juez Penalva ha prolongado un mes más la investigación sobre la trama corrupta que salpica a la Policía Local de Palma y lo hace despachándose a gusto contra el excomisario Antoni Morey, quien criticó públicamente las decisiones del magistrado y, entre otras perlas, dijo que la decisión del juzgado "se la traía floja". En el auto el magistrado llega a insinuar que con esta actuación el exjefe de la Policía Local de Palma, que ha sido cesado por estas declaraciones, habría podido incluso cometer un delito de sedición. "La institución no merece a semejantes mandos, ni a algunos de sus integrantes", señala la resolución.
En este auto el juez utiliza el sarcasmo para criticar a Morey. "Debe ser que ahora y en el futuro que imagina e idealiza el Sr. Morey forma o debe formar parte del decálogo del policía ejemplar la extorsión, la manipulación, la destrucción u ocultación de pruebas, los preavisos, el trato desigual para unos empresarios y correlativo de favor para otros, las ´mordidas´, los prostíbulos, el alcohol y la cocaína en horas de servicios". También señala en este "decálogo" que Morey estaría amparando "las fiestas privadas donde el sexo, la droga y el alcohol corre por cuenta de determinados empresarios, la venta por parte de agentes de policía en el polígono de Son Bugadellas de objetos incautados a vendedores ambulantes, el tapizado forzoso del mobiliario de los empresarios, la incautación para sí de sustancias estupefacientes, la venta coactiva de seguros, cámaras de vigilancia, aires acondicionados, máquinas expendedoras, la ´colocación´ intencionada de sustancias estupefacientes en determinados locales para así justificar su inspección y cierre". Asimismo señala "las palizas a personas vulnerables, el maltrato a las mujeres, la asfixia económica de los empresarios que hacen la competencia a los locales propiedad de agentes de policía y que son explotados por sí o a través de terceros interpuestos, el sobresueldo de ciertos agentes obtenido por su trabajo como porteros en locales de ocio, las amenazas, las coacciones, los actos de intimidación cometidos contra el director de seguridad, la regidora de seguridad, los agentes de policía que colaboran con la investigación, los fiscales, los dos instructores de la causa, etc, etc".
Está claro que el juez Penalva considera intolerable la decisión del exjefe de la Policía Local de expresar públicamente su malestar por la investigación pero, sobre todo, por ponerse al lado de los policías supuestamente corruptos que están en prisión, y en contra de los funcionarios que han denunciado las prácticas corruptas. "La verdad es que habría que reflexionar muy seriamente sobre si estos ´policías ejemplares´ sufren injustamente, como dice el Sr. Morey, ´accidentes judiciales´ y, como también sostiene pomposamente el mando máximo de la Policía, estos agentes sirven al ciudadano, porque existen por y para él", señala el auto. Sin embargo, el juez lo tiene muy claro. Estos policías investigados "solo se sirven a sí mismo y a oscuros e inconfesables intereses de muy variada índole, cuyos detalles son estremecedores". El magistrado adelanta que cuando se levante el secreto se airearán los detalles de la investigación y quien más sufrirá es la institución de la Policía Local que "no merece a semejantes mandos, ni a algunos de sus integrantes".
Recuerda el juez que Morey está imputado por intentar encubrir a uno de los policías encarcelados, Gabriel Torres, a quien publicamente calificó de "ejemplo a seguir". Pues bien, Penalva cree que el exjefe de la Policía Local ha intentado encubrir a este acusado cuando intentó que desaparecieran pruebas, supuestamente guardadas en una cajonera. Aunque no podía acercarse al cuartel, este policía acudió a San Fernando. Morey justificó su presencia diciéndole que le llamó para que le entregara unas llaves.
