El Govern balear y el Ayuntamiento de Palma asumirán la gestión del Palacio de Congresos y de su hotel anexo si el nuevo concurso, que se convocará en semanas o meses, resulta desierto o el recurso del Grupo Barceló impide la adjudicación a un particular.

Este es el denominado Plan B, aprobado ayer por el consejo de administración de Palau de Congressos en relación al modelo de gestión del centro de convenciones. Tal como adelantó DIARIO de MALLORCA, la primera opción consiste en la gestión privada del recinto congresual. En consecuencia, en las próximas semanas o meses se convocará un nuevo concurso, cuyas bases ya se están redactando.

No todos los integrantes del consejo de administración estuvieron de acuerdo con esta propuesta. Los dos representantes de Som Palma, partido instrumental de Podemos, votaron en contra de la gestión privada.

El concejal Rodrigo Romero explicó al término de la reunión, que su voto en contra del sistema de gestión se debe a que en estos momentos consideran que no tienen la información suficiente que permita decidir cual debe ser el modelo más beneficioso para la ciudadanía. Por ello, Som Palma no se posiciona "ni a favor ni en contra de la gestión privada, pero nos ha sido imposible votar a favor de la privatización cuando no se ha dado margen para una deliberación previa a la votación que permita estudiar qué modelo sería más beneficioso para Palma", se afirma en una nota.

Asimismo, recuerdan que, tal como se aprobó durante las negociaciones del tripartito, se alcanzó el compromiso de "actualizar las proyecciones económicas y de mercado de la infraestructura y, en virtud de las mismas, se considerarían todas las alternativas posibles: convocar un nuevo concurso o realizar una consulta ciudadana", todo ello "de forma conjunta con el Govern".

Por su parte, la presidenta del consejo de administración de la sociedad pública y concejala de Turismo de Cort, Joana Maria Adrover, reiteró que la decisión del Cort y del Govern se basa en la necesidad de que la puesta en funcionamiento del Palacio y del hotel "no cueste ni un euro más a los ciudadanos", que han pagado íntegramente una infraestructura que ha costado más de 120 millones.

El denominado Plan B también se pondría en funcionamiento en el caso de que el recurso judicial presentado por el Grupo Barceló impida o retrase la convocatoria de un nuevo concurso o su resolución. La vía judicial, con sus respectivos recursos, puede durar varios años y tanto el Ayuntamiento de Palma como el Govern pretenden, tal como ha reiterado en varias ocasiones el alcalde, que la infraestructura entre en funcionamiento este mismo año.

Ya se han comenzado a redactar las bases del nuevo concurso y ya se dispone de un primer borrador. Se prevé que su contenido, antes de su aprobación definitiva, sea compartido con los grupos de la oposición e incluso con la Caeb. Por el momento, tal como reiteró ayer la concejala Juma Maria Adrover, aún no se ha decidido si se sacará a concurso la explotación conjunta del Palacio y del hotel o si ésta se hará por separado. Tampoco se han decidido aún los años de concesión, aunque la empresa contratada para redactar los pliegos aconseja que sea de 12 en lugar de 20. Lo que sí tienen claro los representantes del Govern y de Cort es que no se va a vender el hotel, tal como reiteró Josep Mallol, secretario general de la vicepresidencia del Govern y de la conselleria de Turismo. Mallol insistió en que la gestión pública supondría una inversión, según el estudio realizado por el exgerente, Josep Sintes, "de 15 millones", que no se comenzarían a recuperar hasta el cuarto año.