El exgerente de Palau de Congressos, Josep Sintes, rebaja a tres millones la inversión inicial necesaria para poner en funcionamiento mediante la gestión pública el futuro centro de convenciones y no los casi 20 millones que barajan Govern y Cort.
Sintes explicó que en su estudio de viabilidad se prevé una inversión inicial de tres millones que incluyen 1,5 por la puesta en funcionamiento del centro, 250.000 euros de mobiliario, 300.000 de dotación y equipos de oficinas, 100.000 para equipos industriales de cocina bar y restaurante, 400.000 para los sistemas informáticos, 150.000 de la centralita de teléfonos y 300.000 para la compra de lencería y la vajilla. A esta cantidad hay que añadir una inversión de 2,5 millones cada 10 años para la renovación de instalaciones y otros tres millones al final de la concesión de 20 años. El gasto de personal anual se estima en 495.000 euros.
Pese a lo anterior, el estudio demuestra que en los tres supuestos contemplados pesimista, moderado y optimista la actividad del Palacio genera suficientes recursos para ser económicamente viable y financieramente autosuficiente ya que incluso, además de recuperar la inversión inicial, genera beneficios como mínimo a partir del segundo año.
Otras necesidades
Por su parte, el alcalde, José Hila, no habló ayer de cifras concretas, aunque explicó que tanto Cort como el Govern apuestan por una gestión privada porque no tienen la intención de invertir más dinero. "Desde el primer día dijimos que no queremos poner ni un euro más del que ya se ha invertido y una gestión pública supone varios millones más en mobiliario, la adecuación de las instalaciones, contratación de personal, etc.", tal como recordó. Incidió en que "los ciudadanos ya han puesto suficiente dinero" y "la línea roja es no poner ni un euro más", debido a que tienen prioridad "otras necesidades más urgentes, como por ejemplo políticas sociales, de educación y de mantenimiento".
En cambio, el sector privado "tiene recursos" para llevar a cabo una inversión millonaria inicial y "explotar" el recinto sin que la sociedad pública Palau de Congressos S.A. tenga que "vender nada, ni el palacio ni el hotel, sino que continúen siendo patrimonio público para que, cuando finalice la concesión, vuelva a quien lo pagó, es decir, la administración. De este modo, no se pierde patrimonio y hasta se genera un ingreso mediante el alquiler de la instalación".
Por último, Hila recordó que los pliegos de condiciones del concurso para la citada gestión "establecerán controles sobre la empresa a la que se adjudique la concesión", por lo que se evita así el peligro de que la infraestructura de la fachada marítima no sea "beneficiosa para la ciudad".
