El Ayuntamiento aplicará de nuevo la ordenanza antibotellón aprobada durante el mandato de Aina Calvo para cubrir el vacío que queda en este tema después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) haya anulado la ordenanza cívica. La normativa que entró en vigor en 2011 y fue derogada por la que aprobó el equipo de gobierno de Mateo Isern regula aspectos como la prohibición de la venta de alcohol a menores de 18 años durante todo el día y a cualquier cliente entre la medianoche y las ocho de la mañana, así como la prohibición de hacer botellón en las zonas declaradas de intervención especial, como se hizo en el paseo Marítimo.

Los servicios jurídicos de Cort aclararán qué medidas tomar para que vuelva a entrar en vigor dicha norma, que oficialmente se llamaba ordenanza reguladora del uso cívico de los espacios públicos. Existen dos opciones para activarla, que sea aprobada de nuevo por el pleno municipal o que simplemente baste con publicarla otra vez en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), tal como detallaron ayer desde el consistorio palmesano.

Respecto al resto de artículos de la ordenanza cívica del PP, ahora anulada por los tribunales, el equipo de gobierno del Pacto incide en que no se produce "ningún vacío legal", como dijo el alcalde, José Hila, el viernes, ya que están regulados por otras 23 ordenanzas municipales.

No obstante, los conservadores presentaron ayer una proposición al próximo pleno de Cort para que los actuales gobernantes ofrezcan las equivalencias entre las actuales normativas y hasta 88 conductas y supuestos que, según el PP, quedarán impunes, como por ejemplo la venta ambulante, el trile y la prostitución.

La asociación hotelera de la Platja de Palma teme que, con la anulación de la ordenanza, este verano sea "complicado" debido a que, "si no hay una regulación clara sobre la venta ambulante y el trile, tanto la Policía Nacional como la Local alegarán falta de competencias y, los unos por los otros, la casa sin barrer", tal como advirtió ayer el presidente de los hoteleros, Francesc Marín. En cuanto a la normativa sobre el consumo de alcohol que quieren recuperar, por lo que recuerda, "era muy light".

La asociación de vecinos de la zona turística espera que esta nueva situación no deje el barrio "desamparado", en palabras de su presidente, Francisco Nogales, quien pide además que "se regule la venta de alcohol en las salas de fiesta para quien va borracho".