Nuevo golpe a la reputación de la Policía Local de Palma. El juez Manuel Penalva ordenó ayer tarde un nuevo ingreso en prisión. El que fuera hasta hace poco jefe de la unidad de la Patrulla Verde, Bartolomé Capó, ha pasado su primera noche en la cárcel de Palma, junto a sus siete compañeros, acusado de formar parte de la trama corrupta que se está investigando. Capó ya había sido detenido el año pasado, pero la anterior juez le dejó en libertad, aunque se mantenía su imputación. Como consecuencia de este arresto se le apartó de la jefatura de esta unidad de la Policía Local.

El pasado jueves por la tarde el subinspector fue de nuevo detenido. Esta decisión se adoptó como consecuencia de las nuevas pruebas que ha ido recopilando el juez Penalva y el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán. El policía local estuvo prestando declaración durante más de dos horas, pero las explicaciones que defendió ante las preguntas del juez y del fiscal no fueron convincentes. Muestra de ello, es que el magistrado finalmente tomó la drástica decisión de enviarle a la cárcel.

Las nuevas pruebas que incriminan a este subinspector se refieren a la sanción que la Patrulla Verde impuso a un local nocturno de Palma. Se ha averiguado que Capó, supuestamente, recibió una denuncia de un ciudadano, con el que mantendría un cierto nivel de amistad. Esta persona, que presentó la denuncia un viernes por la mañana, se quejaba del nivel de ruido de un local nocturno.

En la mayoría de los casos cuando se presenta una denuncia ante la Policía Local de Palma por exceso de ruidos, la actuación nunca es inmediata. A veces se tarda más de un mes para que se realice una inspección nocturna en el local y se haga una comprobación del nivel de decibelios. Sin embargo, en este caso no fue así. Se ha constatado que el entonces jefe de la Patrulla Verde envió esa misma noche a un agente para que realizara una comprobación del nivel de ruido. El funcionario comprobó, a través del aparato técnico correspondiente, que el nivel superaba lo permitido. Comunicó esta información a su jefe.

Pero no solo las inspecciones nunca son inmediatas, sino tampoco las sanciones. El Ayuntamiento de Palma, salvo casos extremos, suele tardar varias semanas en tramitar un expediente e imponer una sanción. En este caso tampoco fue así. Al día siguiente de la inspección, que era sábado, el propio jefe de la Patrulla Verde redactó el informe, cuando este tipo de trámite nunca se realizaba durante los fines de semana.

La Patrulla Verde se limita a comprobar la situación del local inspeccionado y a proponer la sanción. Sin embargo, es otro departamento del Ayuntamiento de Palma el que tramita este expediente y quien decide la sanción a imponer, bien sea una multa o la clausura. El mismo sábado un funcionario de Cort tramitó el expediente y trasladó en persona la resolución al cuartel de San Fernando, entregándola a Capó. El lunes siguiente se entregó la propuesta de cierre al empresario.