Fue una ordenanza tan polémica que el primer borrador tuvo que ser redactado de nuevo por completo, debido a que incluía aspectos tan llamativos como la prohibición de toda "manifestación o actividad que pueda molestar o herir la sensibilidad de los viandantes", lo que podía generar un amplio margen de discrecionalidad. También prohibía colgar pancartas en los balcones y ventanas de las casas, pedir firmas o montar mesas informativas en la calle y que los niños jugasen en la vía pública, entre otros puntos, lo que reconocidos expertos tildaron de inconstitucional. En el segundo borrador, se retiraron los artículos más polémicos, pero la aprobación inicial contó con 2.500 alegaciones y la definitiva fue rechazada por la oposición en Cort, formada por los partidos que ahora gobiernan.