"No hay nada en contra de Barceló y se le ha tratado en todo momento igual que a Melià", manifestó rotunda Joana Maria Adrover, en su comparecencia ante el pleno a petición de los grupos municipales de la oposición en su calidad de presidenta del consejo de administración de la sociedad pública Palau de Congressos.

La concejala respondía así a la afirmación del regidor y diputado autonómico del PP, Álvaro Gijón, quien manifestó que se había anulado el proceso de adjudicación a Barceló por "inquina", después de que este grupo hubiera renunciado en 2010 a la primera adjudicación del complejo. Gijón fue más allá en su afirmación y aventuró que "si hubiera ganado el concurso Melià -la otra empresa que se presentó- no se hubiera paralizado su adjudicación".

Al margen del rifirrafe entre la concejala Adrover y los grupos municipales de la oposición poco dio de sí la comparecencia de Adrover para despejar el futuro del palacio y del hotel, tras la dimisión del anterior gerente, Josep Sintes, y la reclamación judicial interpuesta por Barceló contra el desestimiento de adjudicarle la gestión el complejo.

Adrover confirmó que esta misma semana se ha contratado al bufete de abogados Deloitte con sede en Palma, que participará en la elaboración del nuevo modelo de gestión del palacio y del hotel así como de los pliegos de condiciones. Se prevé que tanto el modelo como los pliegos estén definidos y aprobados en el plazo de dos meses.

Esta contratación tendrá un coste de 16.500 euros y se ha realizado después de analizar las ofertas presentadas por cuatro empresas.

En relación al informe elaborado por la UIB, que ha sido determinante para que la Administración haya decidido el desestimiento del concurso y su no adjudicación a Barceló, Adrover manifestó que sus redactores, entre ellos el catedrático de Derecho Administrativo Avel.lí Blasco, no recibieron indicación alguna de cuál debía ser el sentido de su dictamen.

Con respecto a la apertura del Palacio y del hotel reiteró que "siempre hemos hablado de 2016", evitando comprometerse tal como ha hecho reiteradamente el alcalde con una fecha concreta.

Confió en que la última fecha para la entrega de las obras dada por la constructora Acciona (el 24 de febrero) se cumpla.

Con respecto a la reclamación de quince millones que mantiene la constructora por la paralización de dos años de las obras y la penalización de 20.000 euros diarios que le reclama Palau de Congressos por el retraso en su entrega, la concejala explicó que "ninguna de las partes ha renunciado a nada". No obstante reveló la existencia de reuniones con el fin de determinar si una parte del retraso habido es achacable a decisiones de la Administración y cuál se debe atribuir a la empresa.

Al respecto, Adrover manifestó que se había comprobado que una parte del retraso en la entrega de las obras -el Palacio y el hotel debién estar acabados en julio del año pasado- podía ser achacado a decisiones de la administración adoptadas en el pasado mandato.

Insistió en que no están de acuerdo con la indemnización de quince millones que pide la empresa y que la valoración realizada por los técnicos "es mucho menor". Cabe recordar al respecto que el alcalde, José Hila, ha manifestado públicamente que los informes que obran en su poder indican que la empresa tendría derecho a recibir menos de 4 millones.

Nuevos informes

Por lo que respecta al contrato de las butacas, cuya tramitación se realizó en el anterior mandato pero faltaba la apertura del último sobre y su adjudicación, Adrover reveló asimismo que los nuevos gestores habían paralizado el proceso a la espera de disponer de todos los informes que lo avalaran.

Adrover pasó de puntillas, pese a la insistencia de la concejala de Ciudadanos Patricia Conrado, sobre las consecuencias en futuros posibles concesionarios de la reclamación judicial presentada por el Grupo Barceló, aunque ofreció a la oposición que participara en la elaboración de los nuevos pliegos.

Insistió en que el anterior gerente, Josep Sintes, dimitió por motivos "familiares y personales" y la desvinculó al enfrentamiento habido en relación a su propuesta para la explotación pública del Palacio con la gestión del mismo en manos de una empresa especializada en la organización de eventos. Al respecto, la concejala Conrado consideró que se trata de una propuesta de gestión mixta "digna de tenerse en cuenta" y abogó por "profundizar" en la misma. En cualquier caso, Adrover dijo que el anterior gerente "ya es historia" y que "ahora hay que mirar hacia el futuro, puesto que a las 24 horas de su dimisión ya teníamos sustituto".

Conrado también aventuró que el recurso de Barceló favorece la gestión pública del recinto, por la dificultad de que los operadores privados se presenten a un nuevo concuso que en cualquier momento puede ser anulado por los tribunales para dárseló a la empresa hotelera. Por su parte, Álvaro Gijón, del PP, insistió en que la valoración válida del hotel era de 42 millones y no la de 60.