El supuesto fraude laboral que habrían podido cometer estos nueve policías locales, con la colaboración de su médico de cabecera, fue detectado por el propio Ayuntamiento de Palma, que lo puso en conocimiento de la fiscalía Anticorrupción. Aunque los hechos no estarían directamente relacionados con las prácticas de extorsión que habrían supuestamente cometido estos funcionarios policiales, los investigadores entienden que no tiene ningún sentido que estos agentes, mientras están en prisión, puedan estar disfrutando de los mismos derechos laborales, y recibiendo a la vez el mismo sueldo, que antes de su ingreso en la cárcel.
El actual Ayuntamiento de Palma tomó la decisión de iniciar expedientes sancionadores contra todos los policías que podrían ser imputados en la causa, y mucho más contra los que el juez Penalva ordenaba su ingreso en prisión. Esta tramitación administrativa se impulsaba desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por Angélica Pastor. Sin embargo, cuando se iniciaba la tramitación, inmediatamente se tenía que paralizar porque estos agentes iban entregando partes de baja médica. Estos documentos, como se pudo comprobar después, estaban fechados el mismo día de la detención. Hay un caso incluso que tiene fecha del día anterior al arresto. Y lo más sospechoso es que todos los documentos iban firmados por el mismo médico de cabecera, que además ha ido ratificando después las prórrogas de las bajas, pese a que hay constancia de que no ha podido visitar a ninguno de los policías encarcelados, aunque alguno de ellos ha tenido interés en que se le autorice a que les visite en la cárcel.
La concejal Pastor, públicamente, ha manifestado que no piensa tolerar ninguna práctica corrupta en la Policía Local de Palma y ha anunciado la intención de adoptar medidas disciplinarias contra todos los funcionarios que se puedan ver salpicados por este escándalo. Sin embargo, estos certificados médicos, que supuestamente forman parte de un fraude, han frenado las intenciones de la concejal, dado que no puede ordenar que se tramite ningún expediente de sanción mientras los funcionarios estén de baja médica, ya que la ley lo prohibe.
No solo los policías que están en prisión han presentado partes de baja médica. Otros agentes implicados en el escándalo han hecho lo propio. Uno de ellos fue Antonio Vera, el antiguo intendente jefe, que estuvo mucho tiempo de baja, percibiendo prácticamente el mismo sueldo. El excomisario Estarellas también se encuentra en estos momentos de baja.
