"El Govern balear defenderá el interés general", aseguró tajante ayer la presidenta del Ejecutivo, Francina Armengol, después de saber, como adelantó este diario, que el grupo turístico Barceló ha puesto una demanda contra el acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento de no ratificar a su empresa la adjudicación del Palacio de Congresos y el hotel anexo. La presidenta añadió al respecto que "si creen que se debe tratar en los tribunales, se tratará donde toque".

Pese a que reconoció que "todo el mundo tiene derecho a defender lo que cree pertinente", incidió en que la postura de los actuales responsables políticos será la de "defender el interés general y de los ciudadanos de Balears, igual que lo hará Cort", debido a que la sociedad pública Palau de Congressos S.A. está formada por el Ayuntamiento y el Ejecutivo balear.

"Sinceramente, creo que el tempus y las cuestiones que se han ido decidiendo jurídicamente se han hecho de manera adecuada, pero si Barceló cree que se ha de tratar en los tribunales, lo trataremos", concluyó Francina Armengol.

La portavoz del consistorio, Neus Truyol, defendió que el equipo de gobierno del Pacto ha actuado "según indica la ley y con todo el soporte jurídico de la Casa", en referencia a la decisión que la junta municipal adoptó el pasado 5 de noviembre, es decir, no ratificar esta controvertida adjudicación a Barceló.

Truyol afirmó ayer que todavía no han recibido la notificación de la demanda presentada el 21 de diciembre por el grupo turístico mallorquín. Por ello, no quiso extenderse en la reacción del Ayuntamiento, aunque incidió en que se basaron en los informes jurídicos de los expertos de Cort, refiriéndose al del interventor, quien ratificó el informe de la abogacía del Govern y el de la Universitat, todos ellos en contra de adjudicar la infraestructura a la licitante ganadora.

El motivo esgrimido por los tres especialistas de Derecho Administrativo consultados fue que, en el pliego de condiciones, "se cometieron varias irregularidades", por lo que argumentaron que tenía que ser anulado, así como "los actos posteriores del procedimiento de licitación", es decir, la adjudicación a Barceló. Los servicios jurídicos del Govern lo avalaron y, posteriormente, el interventor municipal. En este último informe se indica que "los criterios de selección establecidos en los pliegos de condiciones no permiten determinar la mejor oferta para los intereses de la Administración", por lo que ganó la que "aprovechando todos los puntos débiles del pliego, obtuvo el máximo de puntos".