La Audiencia ha vuelto a respaldar al juez Penalva y al fiscal Subirán, que encabezan la investigación sobre la trama de corrupción que salpica a la Policía Local de Palma. Y lo ha hecho confirmando la decisión de enviar a prisión a uno de los últimos policías que fueron detenidos, que está acusado de extorsionar a empresarios nocturnos de la ciudad. El agente, Feliciano F., que perteneció a la unidad de la Patrulla Verde, lleva algo más de mes y medio en prisión y se está planteando colaborar con los investigaciones, ya que teme que de lo contrario pasará muchos meses en la cárcel.
El tribunal, que ha rechazado el recurso de la defensa, hace suyos la totalidad de los argumentos que empleó el juez Penalva para justificar su decisión de enviar a prisión a este policía. Argumentos que ha ido repitiendo en todas las resoluciones que se han dictado sobre los recursos planteados contra la decisión del juez de actuar contra estos policías supuestamente corruptos.
La Audiencia confirma que estos policías locales de Palma pertenecen a una organización criminal, apoyados con mandos, políticos y empresarios. Y al mismo tiempo, señala que precisamente la actuación de estos policías benefició a determinados empresarios nocturnos de Palma.
Con estas maniobras ilegales se conseguía asfixiar los negocios que hacían competencia a estos empresarios. Los policías locales realizaban, sin causa justificada, inspecciones continuadas en estos negocios, pidiendo siempre la misma documentación. Y lo hacían sobre todo a los empresarios que se negaban a pagar el dinero que exigían, supuestamente, estos funcionarios para evitar precisamente este acoso en cuanto al número de inspecciones y las correspondientes propuestas de sanción. Los investigadores han constatado, a través de las declaraciones de los testigos, que fueron varios los empresarios que se vieron obligados a cerrar sus negocios, por cuanto la presencia continua de la Policía Local en sus locales espantaba literalmente a la clientela. Al no entrar clientes, el empresario se veía obligado a bajar la barrera. La clientela, en realidad, se desplazaba al negocio de su competidor, que en muchos casos sí aceptaba pagar el dinero que le exigían estos policías, entre otras cosas porque económicamente le resultaba rentable, dados los beneficios que les suponía que el local de la competencia hubiera cerrado.
Se ha comprobado también que varios de estos policías locales investigados aprovechaban que estos negocios cerraban sus puertas para quedarse con los locales, algunos de ellos ubicados en lugares privilegiados. Los traspasos no los realizaban a su nombre, sino a través de otras personas utilizadas como testaferros.
Colaboración
Debido precisamente a que la Audiencia de Palma ha venido confirmando todos los autos de prisión acordados por el juez Penalva, son varios los policías ahora en la cárcel que se están replanteando la posibilidad de colaborar con la investigación. El juez ha recibido la propuesta de varios policías implicados que solicitan realizar una declaración voluntaria, petición que con toda seguridad será aceptada. De hecho, en los últimos días han quedado en libertad dos de los policías que han declarado, después de que aportaran nuevos datos.
