El decreto del Govern balear que limita el denominado "urbanismo a la carta" es más restrictivo en la Platja de Palma por lo que respecta a la aplicación de la Ley de Turismo de balears a petición de Cort.

La norma añade un punto a la disposición adicional cuarta de la ley, específico para la Platja de Palma, que incluye tres apartados en los que no son de aplicación las modificaciones del decreto aprobado. Una de las que, según el gerente de Cort, Joan Riera, va a tener más trascendencia, es la relativa al incremento de la edificabilidad en los establecimientos que se modernicen.

Como norma general, el decreto prevé que en estos casos los establecimientos puedan incrementar la superficie edificada y de ocupación en un máximo de un 10% sobre la edificabilidad legalmente aprobada. En el caso de las zonas turísticas de Palma y Llucmajor este incremento de edificabilidad se debe aplicar sobre la permitida en el Plan de Reconversión de la Platja de Palma (PRI) y, en ningún caso, como se permitía con anterioridad, sobre lo realmente construido tanto como si era legal como si no.

De esta forma se pretende que el decreto no entre en contradicción con la reciente aprobación del PRI de la Platja de Palma y evitar interpretaciones contradictorias de la normativa puesto que cada municipio cuenta en estos momentos con una normativa urbanística distinta.

En el ámbito de la Platja de Palma tampoco es de aplicación el apartado 8 de la disposición adicional cuarta. En este punto el decreto del Govern permite que si la ampliación de los establecimientos se produce por agregación de parcelas contiguas, la edificabilidad de la parcela agregada incrementará la de la resultante y se podrá destinar a cualquier uso turístico. En el caso de la platja de Palma este apartado no es de aplicación por lo que no se pueden sumar las edificabilidades y no se podrá construir en la parcela agregada.

El equipo de gobierno, al igual que los grupos de la oposición estudiaban ayer el alcance del decreto en la Platja de Palma. Ciudadanos mostró su preocupación por la repercusión del decreto en la zona turística. El portavoz de este grupo Josep Lluís Bauzá, valoró que "eliminar la posibilidad de acumular los efectos de una parcela a otra podría tener un gran impacto en el desarrollo económico de estas zonas".